Dieciocho años después de la subasta por la que las desaparecidas cajas San Fernando y El Monte se adjudicaron los terrenos de la antigua base militar, Tablada regresa a la palestra tras la reunión que mantuvo este lunes Juan Espadas con José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El compromiso adquirido entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía fue trabajar de la mano para buscar una fórmula jurídica que convierta a la dehesa en un nuevo parque para el disfrute de los sevillanos.

"Este asunto ha estado en demasiados programas electorales y tiene que estar de una vez por todas en las decisiones de gobierno". Un equipo de trabajo formado por el secretario de Ordenación del Territorio de la consejería, el delegado de Hábitat Urbano del Consistorio y los servicios jurídicos de ambas administraciones buscarán los cauces jurídicos para resolver el embrollo judicial que permita que los terrenos de Tablada regresen al patrimonio público. "Dentro de la dificultad y complejidad que tiene el proceso, iremos avanzando. Lo importante es ir andando y no estar parados tantos años. Debe tener un uso público de una vez", señaló el alcalde de Sevilla.

Las últimas noticias judiciales sobre Tablada llegaron hace ahora dos años y medio. El Tribunal Supremo ratificó que los terrenos debían mantenerse con la calificación actual como "suelos no urbanizables de especial protección" que le otorga el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad, aprobado en 2006 por la Junta de Andalucía. En una sentencia dictada 8 de abril de 2013, el Alto Tribunal desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado por una quincena de las entidades propietarias del suelo contra este punto aprobado en el PGOU de Sevilla. Esa sentencia confirmó la tesis de otras sentencias anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y dio por zanjado el fondo de la cuestión: Tablada no se puede urbanizar.

No obstante, el Supremo sí daba la razón a los demandantes para presentar un recurso de casación contra aspectos formales de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de mayo de 2010, que hasta entonces "queda anulada y sin efecto". El Supremo admitió dos motivos de casación de los cuatro de la parte denunciante: uno por "la selección arbitraria e irrazonable" de la documentación que aportó esa sentencia del TSJA y otro por "la insuficiente motivación de la sentencia por no tener en cuenta todas las pruebas y documentos aportados" por los denunciantes.

Las entidades denunciantes fueron Basilio del Camino y Hermanos, Iniciativas para Desarrollos Inmobiliarios, Urbanizadora Tablada, Consorcio Tablada, Andalucía 3000, Inonsa, Prasa y Procam, Construcciones Sánchez Domínguez Sando, Venta Terrenos y Locales, Cartuja Inmobiliaria, Dualpe, Grupo Inmobiliario Galia, Arenal 2000 y Edamar.

Su objetivo era anular la actual clasificación de los suelos de la dehesa de Tablada, así como las determinaciones contenidas en los artículos 1.1.6.1, 1.1.7.1.a/, 1.1.7.2, 1.1.7.3. y 1.1.7.4. de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, a fin de declarar estos terrenos de Tablada como suelos urbanizables o como sistema general de espacios libres. La pretensión de estas empresas contó con la oposición tanto de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como de la Junta de Andalucía, que presentaron sus argumentos al Supremo en 2011.