La juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, será la encargada de enjuiciar el caso de las presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, en el que están procesadas diez personas, entre ellas el ex portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño. El juicio contra los diez acusados podría celebrarse antes del próximo verano o, como muy tarde, a principios de septiembre, según han confirmado fuentes judiciales.

Después de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, enviara la semana pasada la causa de la venta de los suelos a reparto, el enjuiciamiento ha correspondido al juzgado de lo Penal número 13. Según las mismas fuentes, este juzgado, dada la sobrecarga de trabajo que afecta a esta jurisdicción, está fijando la celebración de juicios a dos años vista, es decir, para 2017, si bien a la hora de señalar los juicios también se tiene en cuenta el criterio de la antigüedad de los hechos que deben ser enjuiciados. 

Por este motivo, las fuentes consultadas han explicado que el juicio por la venta de los suelos se celebrará con toda probabilidad antes del verano, en una fecha no concretada, o a principios de septiembre. La juez deberá ahora valorar estas fechas y fijar un calendario en el que también tendrá en cuenta la opinión de la Fiscalía y de los abogados, dado que se estima que el juicio podría prolongarse al menos durante un mes y medio.

Para no paralizar el funcionamiento ordinario de este juzgado, la magistrada podría solicitar al decano y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la adopción de alguna medida, que podría ir desde la exención de reparto en los asuntos que entran en los juzgados de lo Penal hasta la petición de nombramiento de un Juez de Adscripción Territorial (JAT) que continuara atendiendo los asuntos ordinarios del juzgado mientras la titular, que lleva en este juzgado desde abril de 2014, se encarga de celebrar el juicio por la venta de los suelos.

En abril pasado, la juez Mercedes Alaya dictó el auto de apertura de juicio oral contra Antonio Rodrigo Torrijos, Domingo Enrique Castaño, y el resto de acusados: el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet; el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo; el ex asesor jurídico de la lonja, el abogado Jorge Piñero; el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; el ex vicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró Morales; la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo, María Victoria Bustamante; y el economista José Antonio Ripollés. 

A todos estos acusados se atribuyen delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación y la juez les requirió una fianza de 33.250.000 euros, aunque posteriormente la Audiencia de Sevilla revocó la imposición de esta fianza. Esta cantidad se correspondía, según Alaya, con los 25 millones en los que se fijó la pérdida para Mercasevilla por el deterioro del valor del inmueble "atendidas las circunstancias adversas del mercado actual, radicalmente diferentes a las del año 2006, fecha del contrato de opción de compra". Esta cantidad, resulta de la diferencia entre el precio más alto de los ofrecidos por los licitadores que concurrieron al concurso para hacerse con la totalidad de los terrenos de Mercasevilla y el ofrecido por la constructora Sanma, filial del grupo Sando y que fue finalmente la adjudicataria del concurso. 

La Audiencia señaló en el auto en el que revocó la fianza que "si se están cuestionando las cláusulas del concurso no resulta procedente que con carácter anticipado se tengan en cuenta para fijar el posible perjuicio cuando puede resultar que el procedimiento seguido no se correspondía con la realidad".

En el auto, Alaya destacaba que el delito de fraude y exacciones ilegales se habría cometido al "haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos, un concierto previo" entre los cargos públicos, técnicos y empresarios "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria". 

En cuanto al delito de prevaricación, la magistrada indicaba que se habría cometido porque "a sabiendas los citados cargos públicos, técnicos y empresarios, se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público". La instructora añadía que esa preparación se produce presuntamente desde la elaboración del pliego del concurso, "con la ideación de las cláusulas más controvertidas y que éstas no aparecieran en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 8 de noviembre de 2005 (donde el pliego se explica con detalle), como en la valoración favorable a la entidad Sanma, resultando indiciariamente que la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes". Y todo ello hasta concluir con la adjudicación del concurso "de manera fraudulenta a favor de dicha entidad". 

El auto consideraba que además procedía abrir juicio oral por un tercer delito, en este caso un delito societario, contra Fernando Mellet, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo, Domingo Enrique Castaño y los empresarios José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano, estos últimos como cooperadores necesarios en su condición de extraneus. Decía la juez que los anteriores cargos públicos, que integraban el órgano de administración de Mercasevilla, "con abuso de las funciones propias de su cargo, dispondrían fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta, a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad", sostiene el auto. 

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de dos años de cárcel para los diez acusados y, en el caso de Antonio Rodrigo Torrijos y de Domingo Enrique Castaño ha reclamado además una condena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, dado que el Ministerio Público sitúa a ambos ex cargos políticos en el eje del diseño de una trama para adjudicar a la constructora Sanma el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.