El Ayuntamiento no ve delito en la instalación de las cámaras que grabaron ilegalmente a 110 conductores mientras se sometían a pruebas de alcoholemia en la Jefatura de la Policía Local, pero sí una posible infracción que denunciará ante la Agencia de Protección de Datos.

Aunque en un principio desde la Delegación de Seguridad y Movilidad no se descartaba acudir directamente a la Fiscalía de Sevilla, al considerar que se trata de un caso de posible vulneración del derecho a la intimidad y al honor de las personas que fueron grabadas sin su consentimiento y mediante unos sistemas que no estaban autorizados, los servicios jurídicos municipales han aconsejado que se opte por la vía administrativa.

El informe de los servicios jurídicos concluye que efectivamente se instalaron cámaras de grabación en las dependencias de la Oficina de Gestión de Atestados (OGA) "sin conocimiento de los responsables de la Corporación municipal ni autorización alguna en las dependencias de la Policía Local donde se practican las pruebas de alcoholemia, las cuales efectivamente grabaron las pruebas efectuadas desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el 26 de enero, día en que se desmantela el sistema y se precintan los discos duros", según confirmaron ayer a este periódico fuentes municipales.

Pero la instalación de esas cámaras, que en ese mes y medio captaron las imágenes y el audio de 110 conductores mientras se sometían a la segunda prueba de alcoholemia, no reviste caracteres delictivos. "A juicio del funcionario que suscribe, los hechos descritos no resultan encuadrables en ninguno de los tipos previstos en el Código Penal y las responsabilidades de los recurrentes son de naturaleza estrictamente administrativa", concluye en relación a los dos intendentes de la Policía Local que decidieron colocar esas cámaras sin contar con autorización previa.

La opinión de los servicios jurídicos consiste en que procede elevar las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento -que de inmediato abrió un expediente de información reservada y ordenó incautar y precintar las cámaras y el disco duro- a la Agencia Española de Protección de Datos.

El Ayuntamiento planteará a este organismo si a la instalación de estas cámaras le es aplicable el régimen previsto en "la ley 4/1997 o si por el contrario viene en aplicación el régimen de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de la Agencia Española de Protección de Datos, con petición de que si dicho organismo entendiera que este último es el supuesto, se incoe el correspondiente procedimiento para depurar las responsabilidades a que hubiera lugar", concluye el informe de los servicios jurídicos.

La instalación de cámaras en un recinto policial siempre requiere de autorización judicial y podría solicitarse en dos supuestos. El primero sería en el caso de que los agentes pudieran sentirse perjudicados por las posibles reacciones de los conductores a los que sometían a las pruebas.

El segundo supuesto consistiría en que se hubiera detectado un incremento de las denuncias por malos tratos policiales. Sin embargo, en la Policía Local de Sevilla no hay denuncias ni de los propios funcionarios ni de las personas que se someten a esta prueba de alcoholemia, por lo que no existían motivos ni razones legales para la colocación de las mismas.

Para poder instalar cámaras de videovigilancia en un lugar concreto de la vía pública o en el interior de una comisaría se requiere además un protocolo de actuación concreto que pasa por la autorización judicial, como ocurre cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acuerda la instalación de cámaras en eventos como la Semana Santa y la Feria de Abril.

Una vez legitimada su colocación, el protocolo establece que deben señalizarse perfectamente, debe existir un libro de registro y que se grabe las 24 horas.

Los equipos de filmación fueron colocados a mediados de diciembre, precisamente una época en la que los controles de alcoholemia se intensifican por la cercanía de la Navidad y el aumento de los desplazamientos en esta época.

Las cámaras procedían de excedentes de otras comisarías de la Policía Local y habían sido colocadas de manera que estaban semiocultas. No podían detectarse a simple vista, y además no existía ningún cartel o señalización que informara a los usuarios y a los propios agentes de que estaban en una zona videovigilada.