La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y la CGT, personadas en las denuncias sobre desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, enviarán el miércoles al juez Baltasar Garzón los nombres "documentados" de 22.252 asesinados en Andalucía, Extremadura y el norte de África, de ellos 3.152 de Sevilla.

Rafael López y Paqui Maqueda, dirigentes de la AMHJA -una de las entidades españolas denunciantes-, su abogado, Luis Ocaña, y el coordinador de la web, Cecilio Gordillo (CGT), han presentado este martes en rueda de prensa ese listado recogido en tres tomos, donde figuran los nombres de esas víctimas, nacimiento, profesión, lugar y fecha de la muerte, y origen de la información.

Según Gordillo, de los 36.298 represaliados "documentados" en esa página web, creada en 2006 con ayuda de la Junta de Andalucía y que ahora patrocina el Ministerio de la Presidencia, sólo aportarán al juez de la Audiencia Nacional los 22.252 nombres de "asesinados y fusilados" en Andalucía, Extremadura y el norte de África.

Ha asegurado que dicha cifra de muertos como consecuencia de la represión del golpe militar de 1936 "puede significar no más del 30 por ciento de las víctimas que hubo en los territorios" de los que tienen datos, pues en provincias como Granada saben que hubo unas 7.000, pero sólo han podido documentar, para ese listado, a 30.

De los nombres aportados a Garzón, ha precisado el coordinador de esa base de datos, 14.137 son andaluces, aunque los investigadores elevan a 48.332 las víctimas totales en Andalucía; 7.603 de Badajoz; 20 de Cáceres, donde hubo 1.680 según otras fuentes; 262 de Ceuta; 3 son de Melilla; 197 del norte de África; y 30 de otros territorios.

Sobre la procedencia de esas víctimas, en concreto las andaluzas, 3.939 son de Huelva, aunque los investigadores elevan la cifra total a 6.019; 3.152 de Sevilla, donde hubo 11.400 según otras fuentes -ha dicho-; 2.863 de Málaga (hubo 7.000 según otras fuentes); 1.652 de Jaén (de 3.040); 1.524 de Cádiz (de 3.500); 609 de Córdoba (de unas 10.000); 368 de Almería (de 373); y 30 de Granada (de unas 7.000).

Además de criticar a la Fiscalía por pedir el cierre de las diligencias previas y la actuación de las Administraciones en esta tema, pues "no han hecho su trabajo" ni han impulsado que se conozca toda la documentación e informes que hay, la AMHJA y la CGT pedirán a Garzón que pida al Ministerio de Cultura el listado que tiene con los más de 8.000 españoles que pasaron por campos de concentración.

Gordillo ha indicado que lo que persiguen es "responder a la demanda de los familiares para que se recupere la dignidad y el buen nombre de estas víctimas", y ha aseverado que, "en contra de lo que muchos han opinado, esto no es la causa general de los rojos o de Zapatero", ni pretenden "que se busque a los asesinos".

Para los responsables de estas asociaciones, "hay que recuperar a estas víctimas, que son doblemente desaparecidos", pues más de la mitad son "desaparecidos legales, al no figurar en los registros civiles", y la mayoría también "desaparecidos físicos al no saberse dónde están sus restos", para lo que habría que exhumar las fosas.

Ante la investigación judicial abierta a raíz de sus denuncias, han censurado la negativa de instituciones públicas, entre ellas la Junta de Andalucía y ayuntamientos, a las que han pedido que aporten también a Garzón la documentación que tienen, pero que, al no haber sido requeridas, según Gordillo, "prefieren que se quede no en los archivos municipales, sino bajo llave en el cajón de los alcaldes".

También remitirán al juez el mapa de fosas comunes que, tras un estudio financiado por la Junta, estas entidades hicieron de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, donde identificaron 168, 118 y 116, respectivamente, así como los informes de las exhumaciones que han hecho en Zalamea (Huelva) y La Puebla de Cazalla (Sevilla).

Para López, presidente de la AMHJA, hay archivos que serían "cruciales" como los policiales, militares y de la Iglesia, aunque "una de las fuentes más importantes son los datos que aportan las familias, que nos están abriendo el corazón y saturando a llamadas, pues quieren que sus familiares figuren en el listado", ha dicho Paqui Maqueda, que ha reclamado a la Administración que cree una Oficina de Atención a las Víctimas.