El juez de refuerzo Instrucción Número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha procesado a la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato por la ocupación de una sucursal del banco de Santander el 11 de noviembre de 2015, hechos por los que le atribuye a la edil y a otras 11 personas un delito de desórdenes públicos y otro de desobediencia.

La sucursal ocupada está ubicada en el número cuatro de la Campana, en el pleno centro de la ciudad, y tuvo lugar con motivo de una acción protesta protagonizada por miembros de las familias que estaban acampadas en Coria del Río en demanda de una renegociación de sus hipotecas y otros activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La Policía intervino y detuvo a 14 personas, entre ellas la portavoz adjunta de Participa Sevilla Cristina Honorato, quien participaba en el encierro.

El magistrado recoge en el auto que los doce acusados habrían procedido a la “ocupación inconsentida” de la citada oficina bancaria, formando parte de un grupo que, en torno a las 10:45 horas “habría procedido a personarse en dicho establecimiento alterando el orden y la paz pública con gritos amenazantes e intimidatorios, tanto dentro como fuera de la referida oficina bancaria”.

Este asalto, prosigue el magistrado, alteró la “actividad normal de la sucursal, impidiendo el ejercicio de la ordinaria actuación de los trabajadores del banco, dirigiendo a los mismos expresiones injuriosas o intimidatorias, así como obstaculizando el acceso y libre ejercicio de las operaciones de los clientes en el interior del establecimiento”.

El juez añade, de ahí el delito de desobediencia, que los ahora procesados se negaron a desalojar la oficina “tanto antes como después de terminar su horario de atención al público, pese a los requerimientos a tal efecto realizados tanto por agentes de seguridad privada debidamente acreditados como por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que se vieron obligados a intervenir ante la actuación intimidatoria realizada”. De tal forma que, una vez finalizado el horario de atención al público de la sucursal, continuaba la ocupación hasta que tuvieron que ser desalojados “forzosamente” por la fuerza policial.

El juez precisa que los asaltantes entraron en la oficina bancaria y se despojaron de sus prendas superiores, quedándose vestidos con una camiseta de color verde con la leyenda “Stop desahucios o PAH” (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Acto seguido, comenzaron a coger folletos informativos del banco, “rompiéndolos y tirándolos por el suelo de la oficina, al tiempo que comenzaron a colocar algunas pegatinas y carteles” con las mismas leyendas.

Después y de forma intermitente, varios de los acusados formaron una cola ante la ventanilla de la caja de atención al cliente, para realizar ingresos en efectivo por importes mínimos, de uno o dos céntimos de euro, con la intención de impedir el normal funcionamiento de la sucursal bancaria, obstaculizando  la atención de sus clientes; de modo que numerosos clientes abandonaron la oficina, tanto por este motivo como por el propio desorden existente en el interior”.

Durante la ocupación, los procesados lanzaron “proclamas y cánticos” contra el banco, del tenor siguiente: “aquí esta la cueva de Alí Babá”, “ladrones, chorizos”, “si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”, usando incluso un megáfono. Además, profirieron insultos y reproches a algunos de los empleados, utilizando “gestos soeces” y expresiones como: “No os da vergüenza trabajar para un banco así”, “Qué bajos caéis por un sueldo”, “sois tan rateros como el banco” o “sois igual de chorizos”.

Los acusados hicieron caso omiso a los requerimientos del subdirector de la oficina y del vigilante de seguridad para que cesaran en su actitud, señala el juez, que añade que los acusados mantuvieron una “constante actitud de acoso, hostigamiento y provocación hacia el vigilante de seguridad, con aproximación física al mismo, rodeándolo en muchas ocasiones, para entorpecer sus movimiento o buscando un enfrentamiento o reacción violenta, la cual no llegó a producirse por mantener la calma el vigilante a pesar de la tensa situación existente”.

Cuando fueron requeridos sobre las 14:30 para que se marcharan, se sentaron en el suelo formando un círculo para “comenzar seguidamente a comer, dejando los desperdicios y las basuras tiradas en el suelo”. Y acto seguido la Policía los desalojó y detuvo.

En el auto, el juez acuerda que se dé traslado a las acusaciones para que, en el plazo de 10 días, soliciten la apertura de juicio oral formulando sus escritos de conclusiones provisionales o soliciten el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias “indispensables para formular la acusación”.

No obstante, el instructor ha dado por concluida la investigación al estimar que no es necesario la práctica de nuevas diligencias, dado que del resultado de las ya realizadas “resulta revelador de la naturaleza indiciariamente delictiva de los hechos investigados”, por lo que acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado que se sigue contra los doce imputados, dado que “el deber del juez de instrucción no es agotar las posibilidades de investigación, sino no alargar innecesariamente el proceso, para salvaguardar los derechos de los posibles implicados y que las prueba que sean pertinentes se practiquen en fase de plenario o juicio oral, de forma contradictoria y con todas las garantías procesales”.

El juez considera que hay “indicios racionales de criminalidad”, de la comisión de los delitos mencionados por parte de la edil de Participa Sevilla y de los otros 11 imputados a través de las diligencias practicadas, en especial las declaraciones testificales de los empleados de la oficina bancaria, así como por las diligencias de intervención y los atestados policiales, y las grabaciones de las cámaras de seguridad.