Sólo seis de cada cien denuncias que ha recibido la Delegación territorial de Educación en Sevilla por presunto fraude en la escolarización son reales. Éste es el balance del proceso que se inició el pasado mes de marzo con la solicitud de plaza en los colegios públicos y concertados. El número de casos que se han constatado como engaños continúa a la baja, una merma que comenzó desde que se cambió la baremación para otorgar mayor puntuación a los solicitantes que cuentan ya con algún hermano en el centro en el que aspiran a entrar. Hasta entonces, la cercanía de la residencia familiar o laboral era la condición que mayor valor tenía, aspecto que sigue siendo sobre el que más datos falsos se aportan a la Administración educativa.

Desde que se conocieron las listas definitivas de los admitidos en los colegios de la provincia de Sevilla, la Delegación territorial de Educación ha recibido unas 500 denuncias por presunto fraude en la escolarización (cifra aproximada). El departamento que dirige María Francisca Aparicio, como suele ser habitual, realizó una primera criba con el fin de descartar aquellas que, a priori, se evidenció que carecían de fundamento. Realizado este filtraje, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía -la llamada Policía de la Junta- se le encargó que investigara 121 casos sospechosos de haber cometido engaño en el proceso de escolarización.

De este volumen de expedientes, dicha unidad de la Policía Nacional ha constatado que sólo 29 son realmente casos de fraude. Es decir, que del total de las denuncias que recibió la Junta en la provincia de Sevilla menos de un 6% están fundamentadas, o lo que es lo mismo, seis de cada cien, lo que supone una cifra bastante pírrica para la cantidad de denuncias que se registran.

"Normalmente, de los expedientes que la Policía recibe de la Delegación de Educación, menos del 30% son reales", apuntan fuentes policiales, que inciden en que este año "se ha producido una merma en los que se constatan como fraudes". En el pasado proceso de escolarización, la unidad de la Policía Nacional que investiga estos casos recibió 60 expedientes menos que en 2015 para que fueran investigados. El año pasado se comprobó que 55 tenían información falsa. En 2016 han sido 29. Por tanto, las estafas se han reducido un 47%.

Las denuncias proceden de familias que se han quedado sin plaza para sus hijos en el centro educativo que habían solicitado. "Muchos de estos padres comienzan una lucha para hacerse con un puesto en el colegio. Lo primero que hacen es denunciar a otros padres, sin que la mayoría de las veces tengan pruebas fiables de que hayan cometido engaño", señalan las fuentes de la referida unidad policial.

En cuanto a los expedientes que se ha demostrado que incluyen datos falsos, la mayoría están relacionados con engaños en el domicilio familiar, condición que hasta 2009 otorgaba la mayor puntuación. "Hay casos de empadronamientos en casas de abuelos, tíos o hermanos para que el menor consiga una plaza en el centro deseado", señalan estas fuentes, que abundan en que se llega a pagar 400 euros de alquiler durante varios meses para demostrar que se vive en un inmueble cercano al colegio solicitado, aunque donde se resida sea otro. "Incluso hemos registrado trasteros que en la documentación aparecían reflejados como hogar de la familia", señalan desde la unidad policial que investigan estos casos.

Aunque en menor medida, también se han descubierto expedientes con datos falsos sobre los ingresos familiares. "Hay padres que presentan una declaración sellada por Hacienda con un error. A los pocos días vuelven a la Agencia Tributaria para rectificarla, ya con unos ingresos superiores. Pero la que entregan en el colegio no es ésta, sino la equivocada". Así, se intenta obtener dos puntos más en caso de que la demanda supere a la oferta escolar en un centro educativo.