En la terminal de llegadas del aeropuerto de San Pablo no es difícil ver tras el aterrizaje de un avión a una decena de personas ataviadas con cartel en mano con un nombre escrito. El pasajero cruza la puerta corredera de cristales tras recoger su equipaje y se dirige a su letrero para que el chófer le lleve al vehículo que se encuentra estacionado en el aparcamiento. En muchos casos se trata de taxistas piratas que realizan un servicio previamente concertado con el establecimiento hotelero donde se alojará el cliente.

Éste es sólo un ejemplo del sector del taxi sobre el intrusismo que siguen viviendo en la profesión. Lejos de desaparecer, se encuentra en un punto álgido pese a que la crisis económica ya no sirve de excusa. Esta visión difiere mucho de la que tiene del problema la Consejería de Fomento y Vivienda. En los primeros ocho meses del año ha tramitado sólo tres expedientes sancionadores a taxis piratas por prestar servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización, o por ofertar y publicitar este tipo de servicios irregulares por diferentes vías.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad dedicados a la vigilancia del transporte en carretera han pillado in fraganti a tres personas cuando realizaban un transporte careciendo de la autorización necesaria. Entre enero y agosto de 2015 la cifra fue superior, 14. La labor inspectora que desarrolla el Gobierno andaluz no ha encontrado ningún caso de anuncio que oferte el transporte en una página web, en el propio vehículo o en un cartel de una estación. El año pasado pillaron uno. "Es una burla. Si te vas a las estaciones de Santa Justa o Plaza de Armas puedes encontrar más de 50 casos en menos de una hora", explica Enrique Filgueras, presidente de la asociación Solidaridad del Taxi.

Por provincias, Cádiz ha registrado de enero a agosto el mayor número de sanciones, con un total de 28; seguida de Almería, con 24 expedientes tramitados y Málaga, con 16. A continuación, se sitúan Jaén, con dos infracciones castigadas; y Huelva y Granada con una. En Córdoba durante este periodo no se han abierto procedimientos de este tipo. De acuerdo con la normativa vigente en la comunidad, el importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros, si la irregularidad se produce en desplazamientos que se desarrollan íntegramente en Andalucía. Sin embargo, si la infracción cometida en territorio andaluz hace referencia a viajes que abarcan a otras comunidades autónomas, el régimen sancionador que se aplica es el estatal, que eleva las multas a los 4.001 euros. En el caso de Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla la mayoría de los castigos económicos se han fijado el régimen autonómico, con 1.380 euros cada una y para ello se han tenido en cuenta aspectos como la reincidencia, la especial gravedad de la infracción, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusión social.

"Ahora hay muchos más casos. La gente se echa a la calle porque sabe que se sanciona mucho menos, se han aflojado las inspecciones y esgrimen que es muy difícil encontrar a los infractores", destaca Filguera, quien quiere dejar claro que el gremio no tiene nada en contra de la competencia legalizada. "Es un escándalo", comenta para finalizar. El intrusismo en el sector del taxi tiene un doble perjuicio. Por un lado afecta a la seguridad vial y coloca al consumidor en una situación de desprotección e indefensión; y por otro, supone un grave menoscabo económico para los profesionales que prestan este servicio de transporte de forma regulada y de acuerdo con la normativa.

Desde el 31 de diciembre de 2014, este tipo de sanciones va acompañado, además, de la inmovilización del vehículo infractor hasta el abono de dicha cuantía. Esta medida se recoge en el Decreto Ley 17/2014 para la adopción de medidas de control del transporte público discrecional de viajeros en vehículos turismo aprobado por Consejo de Gobierno y que supone una modificación del marco normativo existente -la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros- para reforzar el control del intrusismo en el taxi.

La iniciativa, que responde a una reivindicación planteada por el propio sector, permite articular medidas más ágiles y eficaces como es el caso de la inmovilización en el acto del vehículo infractor para permitir a las fuerzas de seguridad prolongar la retención hasta el abono de la correspondiente sanción o la prestación de una garantía de pago (caución) por una entidad autorizada. Antes, la retención se mantenía únicamente hasta el momento en el que los viajeros abandonaban el vehículo, lo que en la práctica convertía la medida en ineficaz, ya que los taxis piratas podían seguir la marcha tras ser multados y cargar nuevos pasajeros.

Un taxista autorizado carga el equipaje de clientes frente a un hotel en la Plaza Nueva.