Un nuevo aval para la desmantelada unidad de Asuntos Internos de la Policía Local, el Grupo Especial de Policía Local (Gepol). El juez de lo Penal número 10 de Sevilla ha dictado un nuevo auto en el que admite todas las pruebas propuestas por la Fiscalía y el Ayuntamiento de Sevilla en el caso del presunto amaño de las oposiciones de la Policía Local y en el que rechaza varias de las pruebas propuestas por las defensas de los acusados, entre ellas las que van dirigidas a cuestionar la legitimidad de la actuación de la Gepol.

El magistrado David Candilejo ha rechazado expresamente algunas de las pruebas documentales solicitadas por el superintendente de la Policía Local Juan José García Sánchez y otros acusados, así como la declaración como testigo de un miembro del sindicato mayoritario en el cuerpo, al entender que la finalidad de la misma es "poner en duda la legitimidad del grupo Gepol", un hecho que según añade ya ha sido resuelto "amplia y repetidamente" por la Audiencia de Sevilla en varios autos.

También rechaza la declaración de varios funcionarios del Ayuntamiento porque incide en la "cadena de custodia de los exámenes" y en este sentido recuerda que la Audiencia ya resolvió que no hubo una entrada y registro por la Gepol, sino una "intervención cautelar y aseguramiento de unos exámenes originales, para los cuales se comisionó a la Policía por auto judicial, lo que constituye suficiente título legal habilitante".

En el mismo auto, el magistrado fija definitivamente el inicio del juicio oral para el 12 de septiembre de 2017, a partir de las diez de la mañana. El juez explica que el juicio, que se prolongará previsiblemente hasta el mes de diciembre, se desarrollará en sesiones de martes, jueves y viernes entre las diez y las tres de la tarde.

En el caso están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el superintendente Juan José García por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos mientras que el resto de agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes se enfrentan al pago de una multa de 100.000 euros y a cuatro años de inhabilitación.