No han existido irregularidades administrativas, no es posible conocer si los partidos políticos se financiaron de forma ilícita y se insta a la creación de un organismo para que los funcionarios puedan denunciar de manera anónima casos de corrupción. Éstas son tres de las conclusiones del informe elaborado por la comisión de Fitonovo (cuyos directivos habrían repartido dádivas y comisiones a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos) que fueron aprobadas por todos los grupos políticos -salvo la abstención de Ciudadanos- en el Pleno municipal.

El informe detalla que se ha constatado la existencia de una concentración de adjudicaciones de contratos de menor o mayor cuantía, y que se han producido situaciones en las que no se han aplicado de forma adecuada los principios de publicidad y concurrencia que han de regir la contratación pública, especialmente en contratos menores del Ayuntamiento y de sus entidades dependientes. En el capítulo XII de conclusiones y recomendaciones se destaca que los testimonios recogidos en el seno de la comisión han puesto en evidencia relaciones entre personal directivo o de confianza del Ayuntamiento en distintos mandatos y la empresa. "En cualquier caso, los cargos públicos que pudieran ser responsables no están políticamente en activo y, en consecuencia, no puede esta comisión pedir responsabilidades".

La comisión considera importante reprender públicamente a los concejales y empleados públicos ausentes. "Especial reproche merecen los empleados públicos Huertas Rodríguez y Amores Corredano por existir en ellos una obligación de comparecer ante la comisión". También se propone la creación de una unidad técnica para la inspección y seguimiento de la ejecución de los contratos, y se considera necesario un estudio sobre el mantenimiento y conservación de Parques y Jardines.

Durante el debate político, el concejal de Ciudadanos Javier Moyano rescató una vieja polémica, la fotografía del ex teniente de alcalde de IU Antonio Rodrigo Torrijos degustando una mariscada, para cargar contra los que no se presentaron ante la comisión.

El popular Gregorio Serrano opinó que la investigación tuvo un "desarrollo ejemplar", pero que en el plano político "no ha servido para nada".