La Fiscalía de Sevilla abrió ayer una investigación para tratar de determinar si los okupas desalojados en diciembre pasado del edificio conocido como Casas Viejas incurrieron en delitos de injurias y calumnias cuando acusaron a la Policía Nacional y a los Bomberos de malos tratos y "torturas".

La denuncia, que suscribe personalmente el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, fue enviada el pasado 21 de diciembre a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que ha abierto unas diligencias de investigación, según confirmaron ayer a este periódico fuentes del Ministerio Público.

El escrito remitido por el delegado del Gobierno aporta documentos gráficos y audiovisuales de las manifestaciones que realizaron en rueda de prensa al término del encierro tres de los activistas, a los que identifica plenamente. López Garzón solicita a la Fiscalía que investigue los hechos denunciados ante los graves perjuicios al "prestigio de la institución de la Policía Nacional y el honor de los funcionarios que intervinieron en el lanzamiento -desalojo forzoso tras la orden judicial- con riesgo de sus propias vidas, paradójicamente, para salvaguardar las de los desalojados".

La denuncia recuerda, en este sentido, que los túneles construidos de forma rudimentaria por los okupas y los apuntalamientos que colocaron para prevenir posibles derribos representaban una "situación de peligro real debido a su construcción misma y al deficiente estado del inmueble".

La estrechez y las pequeñas dimensiones del zulo donde permanecieron encerrado durante 37 horas dos jóvenes hizo que los policías y los bomberos que intervinieron "asumieran riesgos sobre su integridad física y sus vidas, al ponerlas en peligro en el cumplimiento de su obligación de auxilio a la autoridad judicial para el desalojo del inmueble", precisa la denuncia presentada en la Fiscalía por el delegado del Gobierno.

Las manifestaciones que efectuaron los activistas el pasado 1 de diciembre, un día después de que fueran rescatados, pueden ser constitutivas, según apuntan los denunciantes, de varios delitos de injurias y calumnias graves con publicidad, dado que las mismas tuvieron un "amplio eco y repercusión" en los medios de comunicación. La denuncia recuerda, en concreto, que los activistas atribuyeron a los policías malos tratos consistentes en "patadas, en el costado, brutales manipulaciones de la mano, bofetones, amenazas de agresión con arma blanca, golpes con martillo, arrastrones por el suelo, tirones de pelo, empujones contra la pared, etcétera", así como "torturas físicas y psíquicas" a los dos jóvenes que prolongaron el encierro durante 37 horas.

Los desalojados llegaron a afirmar que les dijeron que "iban a morir sepultados porque había una excavadora trabajando" encima de ellos, que les "inyectarían suero para dormilos" o un "gas" en el tubo de ventilación e incluso que "soltarían ratas" en la galería subterránea.

El delegado del Gobierno defiende la intervención de los agentes que participaron en el rescate. "El comportamiento profesional de todos los policías nacionales y bomberos intervinientes en el desalojo fue correcto, ponderado y respetuoso con los ocupantes, utilizándose los medios proporcionales a la resistencia ofrecida para alcanzar el desalojo". Junto a las identificaciones de los okupas que incurrieron supuestamente en las injurias y calumnias, la denuncia aporta los números profesionales de los dos agentes que directamente se vieron implicados en las tareas para quitar las cadenas y rescatar a los dos jóvenes que se habían encerrado en el zulo.

El jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra, fue quien anunció, el mismo día en que ofrecieron la rueda de prensa, el inicio de acciones legales porque resultaba "inadmisible" que los jóvenes "injuriasen y calumniasen a quienes habían puesto sus vidas en peligro para salvarles".