La crisis económica ha multiplicado por cinco el número de procedimientos concursales -las antiguas suspensiones de pagos y quiebras empresariales- que tramita el juzgado de lo Mercantil en sólo diez meses. De los 23 procedimientos concursales declarados en 2007 se ha pasado a los 114 registrados hasta octubre pasado -un 395,65% más- y aún quedan por delante dos meses que se incrementará el número de empresas que se obligadas a acudir a la vía judicial al no poder hacer frente a las deudas.

El aumento de los concursos empresariales se ha percibido con especial virulencia en los últimos cuatro meses: en julio se declararon 27 concursos, seis en septiembre y en octubre se aproxima a la veintena. Por el contrario, en junio sólo fueron declarados tres concursos.

Las suspensiones de pago y quiebras afectan especialmente a las empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector de la construcción. La mayor parte de estos procesos afectan a empresas constructoras o vinculadas con el sector de la construcción, como agencias inmobiliarias o negocios de suministros de materiales y herramientas para la construcción.

Las previsiones apuntan a que cuando finalice el año, el juzgado de lo Mercantil superará el millar de asuntos registrados en un año, lo que triplica la carga de trabajo ideal fijada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 350 casos por juzgado y año. De hecho, hasta octubre pasado, este juzgado había ingresado un total de 969 asuntos, entre los que destacan además de 114 concursos, 176 procedimientos sobre normativas reguladoras de sociedades mercantiles, 102 casos de propiedad intelectual, 51 acciones de naturaleza laboral, 44 sobre transportes, 22 de publicidad, 15 demandas de competencia desleal y 12 de derecho marítimo. El juzgado de lo Mercantil también recibió 406 solicitudes de otra índole, según las últimas estadísticas del juzgado.

Uno de los casos que recibió en febrero pasado y que está originando una mayor carga de trabajo es el concurso de la inmobiliaria Contsa, con un déficit de más de 86 millones de euros y 1.653 acreedores. El propietario de esta sociedad, José Salas Burzón, que se encuentra actualmente en prisión debido a la investigación que realiza un juzgado de Instrucción tras la denuncia por estafa de varios acreedores, ha presentado más 200 impugnaciones al informe de los administradores concursales, que ahora deberá resolver la juez de lo Mercantil.

Desde que entró en vigor la nueva ley concursal y se crearon los órganos mercantiles, en el año 2004, el juzgado de Sevilla ha tramitado 2.616 asuntos. Cada año, el volumen de trabajo ha aumentado progresivamente: en 2005 ingresó 579 casos, 633 en 2006, y 703 en 2007.