Sostenible, ordenado y controlado. Estos tres adjetivos marcaron sobre el papel la pasada legislatura autonómica el nuevo diseño del urbanismo de la comunidad autónoma, plasmado en 2006 en el controvertido Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Dicho documento establecía para los municipios topes máximos de crecimiento durante los ocho años siguientes, tanto en el número de habitantes (del 30%) como en el suelo urbanizado (40%), pero la redacción del documento cambió sustancialmente a la vista de la radical oposición manifestada por ayuntamientos y empresarios.

Una de las fórmulas elegidas por el Gobierno andaluz para flexibilizar el POTA fueron las llamadas áreas de oportunidad, bolsas de suelo que quedan al margen de los límites citados y que en el caso del área metropolitana de Sevilla permitirán la construcción de más de 50.000 viviendas sobre 1.230 hectáreas, a las que se sumarán zonas empresariales, logísticas, tecnológicas y de servicios localizadas en otras 5.000 hectáreas.

La última versión del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración urbana de Sevilla (Potaus), presentada ayer por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en desarrollo del POTA, mantiene la apuesta del Ejecutivo autonómico por concentrar el crecimiento en la segunda corona metropolitana aprovechando la construcción de la SE-40 -esta vía de circunvalación es la gran apuesta inversora del Ministerio de Fometo en la provincia para 2009- y presta atención especial a las viviendas de protección oficial, que suponen una de las grandes promesas electorales del PSOE. No en vano, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, se ha propuesto construir en Andalucía 300.000 VPO en el plazo de diez años, un compromiso que se completa con la Ley del Derecho a la Vivienda.

Este diseño en torno a la segunda corona metropolitana parte del diagnóstico previo realizado sobre la primera, integrada por las localidades limítrofes con el término municipal de la capital y que presentan casi en su totalidad signos evidentes de colmatación urbanística por un desarrollo poco o nada sostenible, ordenado y controlado.

No obstante, cada regla cuenta con sus excepciones y éstas, en el caso del Potaus, se concentran en tres de las poblaciones con más suelo disponible, más población joven y accesos a redes de infraestructuras del transporte consolidadas o próximas a inaugurarse, como es el Metro. También son municipios que, pese a situarse en la primera corona, carecen de la presión urbanística que se presenta en el Aljarafe, donde Mairena obtiene terreno de uso residencial.

Son los casos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y La Rinconada, tres localidades gobernadas por el PSOE que, en su conjunto, concentrarán con 26.000 viviendas más del 53% de las previstas en las áreas de oportunidad del área metropolitana. En el caso de Alcalá, las alegaciones presentadas por su gobierno local le han permitido ganar 3.500 viviendas, que se sumarán a las 4.500 ya fijadas en el documento inicial del Potaus.

La comarca de Los Alcores, ya en la segunda corona, también se suma al grupo de municipios con la suerte de cara. En el caso de Carmona, esta localidad incorporará a su planeamiento áreas de oportunidad de tres modalidades: 130 hectáreas para uso empresarial, 130 para la ampliación de su parque logístico y 31 más que se destinarán a la construcción de 1.200 viviendas. También en la segunda corona destacan municipios del Aljarafe que logran áreas de oportunidad residencial (Almensilla, Huévar, Sanlúcar y Palomares) y empresarial (Huévar, Benacazón, Palomares, Salteras y Villamanrique).

En el caso opuesto se sitúan localidades como Bollullos de la Mitación y Espartinas, ambas con alcaldes del PP, y Utrera, gobernada por el PA. Salvo las 535 viviendas incluidas en la ampliación del área empresarial del Parque Pibo, en Bollullos, ninguna otra de las alegaciones de carácter residencial presentadas por sus respectivos gobiernos municipales ha tenido reflejo en el Potaus, lo que abre la puerta a toda suerte de interpretaciones de matiz político dado que el texto inicial ya les dejaba fuera de las áreas de oportunidad de esta tipología.

Otro tanto cabría decir de los municipios de Gelves y Brenes, gobernados por partidos independientes y los únicos que se han quedado fuera, ya que no les ha sido aceptada alegación alguna pese sus demandas.

La Consejería rechazó ayer que este diseño haya sido consecuencia de una operación basada en cálculos de rentabilidad política. El argumento manejado por sus responsables es que de las 69 áreas de oportunidad aprobadas, 12 corresponden a ayuntamientos no gobernados por el PSOE, lo que representa el 17% del total.