La Fiscalía de Sevilla está dispuesta a acabar con la impunidad en las aulas. En los últimos meses, el Ministerio Público ha imputado un delito de atentado a varios menores de edad acusados de agredir a sus profesores, según confirmaron ayer fuentes del departamento que dirige María José Segarra. Hasta ahora estas conductas se tramitaban como simples faltas -que se sancionan con multas-, ya sea de vejaciones o lesiones, y en el peor de los casos, cuando concurría una agresión de cierta entidad al profesor, como un delito de lesiones.

El cambio de postura de la Fiscalía, que implica un mayor reproche penal y por tanto condenas más severas, obedece a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha tipificado como un delito de atentado las agresiones a los médicos en su condición de funcionarios públicos. Por analogía, la Fiscalía entiende que las agresiones de los menores a los docentes pueden enmarcarse en ese delito de atentado, dada la "función pública" que realizan.

De los tres casos de menores imputados por un delito de atentado, uno de ellos ya ha concluido con una sentencia pionera en España, al haber condenado a un joven de menos de 14 años a una pena de libertad vigilada y a permanecer alejado 500 metros de su profesor de Latín, al que amenazó en reiteradas ocasiones y acabó agrediendo porque le había recriminado su comportamiento en clase. Antes de que se produjera esta sentencia, la Fiscalía de Menores solicitó al juez que dictara una orden de alejamiento.

Los hechos por los que ha sido condenado el menor, en un juicio rápido, se remontan al 14 de febrero de este año, cuando el adolescente reiteró las amenazas que desde hacía tiempo venía profiriendo contra su profesor de Latín en el I.E.S. La Paz, ubicado en el barrio de Rochelambert.

Según la investigación de la Fiscalía, el menor intimidó al maestro con frases del tenor de "voy a por ti" o "voy a venir con toda mi pandilla de las Tres Mil Viviendas". Como continuación de la agresión, el joven lanzó una patada a los genitales al profesor, aunque sólo le alcanzó en las piernas.

El profesor denunció entonces los hechos y la Policía Nacional se presentó en el instituto La Paz, donde detuvo al agresor, que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores y, a continuación, tras la tramitación del caso, condenado por delitos de amenazas y atentado.

La sentencia del juzgado de Menores de Sevilla obligó a la Delegación provincial de Educación a cambiar al adolescente de centro, dado que la resolución, que le impone un seguimiento a su libertad, le prohíbe acercarse a menos de 500 metros del instituto y del profesor, con quien también tiene vetado comunicarse por cualquier medio posible. La sentencia representa un hito en la lucha contra los delitos que sufren los profesores en el ejercicio de su función e implica una acción preventiva ante nuevas conductas violentas en las aulas.

De hecho, la estadísticas apuntan a un incremento del 45% en los casos de agresiones y acoso a los docentes en Sevilla. En un año se han alcanzado 48 casos de insultos y agresiones físicas en los colegios e institutos frente a los 33 que se contabilizaron el año pasado. El aumento es el más acusado desde que se puso en marcha hace tres años el Defensor del Profesor, un servicio que presta asesoramiento jurídico y atención social a los docentes que se encuentran en situación de acoso.

En el curso 2005/06 se presentaron 35 denuncias, una cifra que se redujo levemente en el siguiente ejercicio, sólo un 6%.