Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla se están sometiendo a pruebas de ADN y a la toma de huellas dactilares en el curso de la investigación que Asuntos Internos realiza desde hace más de seis meses tras detectarse el robo de 100 kilos de cocaína que estaban almacenados en un antiguo calabozo de la Jefatura Superior de Policía. La toma de las muestras de ADN a los agentes es una medida sin precedentes en el seno de la Policía sevillana.

La realización de estas pruebas afecta no sólo al medio centenar de funcionarios que integran los distintos grupos de la Udyco, que tienen un contacto directo con los alijos que se depositaban en el almacén policial, sino también a otros funcionarios que pertenecieron a esta unidad hace cuatro o cinco años y que ahora están destinados en otros grupos policiales. Tanto unos agentes como otros conocen los protocolos que se emplean para el depósito de las sustancias estupefacientes y cómo llegar a la misma, para lo cual tenían que sortear tres cierres -una llave maestra y dos candados- además de contar con una "autorización" del jefe de la Udyco para acceder al calabozo.

La práctica de estos análisis a los policías de dentro y fuera de la Udyco tiene varias lecturas. La primera apunta a que la investigación de la sustracción de la droga no estaba tan avanzada como se anunció en un primer momento por las autoridades policiales. Tampoco estarían identificados el o los posibles sospechosos, ni su arresto era tan inminente como se hizo ver inicialmente. De hecho, han pasado ya más de seis meses desde el día 5 de junio pasado, cuando varios agentes de la Udyco se percataron del cambiazo de la droga al trasladar un alijo de cinco kilos al área de Sanidad de la Sudelegación del Gobierno en la provincia para que se efectuara un contraanálisis.

El hecho de que también se estén haciendo las pruebas a agentes que pertenecieron a la Udyco años atrás redundaría en la idea de que no está tan definida la autoría del robo de las drogas, o bien, no hay pruebas suficientes para imputar a alguien la sustracción, en contra de lo que se anunció tras destaparse el escándalo.

Algunas fuentes apuntan a que las pruebas de ADN y la toma de huellas dactilares a los policías no constituyen una imposición de los investigadores, sino que los agentes se estarían sometiendo de forma voluntaria a las mismas, como una manera de colaborar en el desarrollo de las indagaciones policiales porque, en el fondo, todos son conscientes de que el robo está haciendo mucho daño a la imagen y la profesionalidad de los agentes destinados en una de las unidades que más éxitos ha cosechado en los últimos años en la lucha contra el narcotráfico.

Sea como fuere, las pruebas de ADN son vox pópuli en la Jefatura y otras fuentes cuestionan la supuesta voluntariedad de la toma del ADN, por cuanto la más mínima oposición a las pruebas podría poner bajo sospecha a estos agentes.

Los sindicatos con representación en la Policía solicitaron ayer a los investigadores que aceleren las indagaciones en torno al robo de los 100 kilos de cocaína, por cuanto el tiempo transcurrido sin que se haya esclarecido el caso está ocasionando un grave daño en los funcionarios que prestan servicio en la Udyco.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Espino, explicó que en la unidad policial hay "un estado de cierto estrés porque sus agentes están en el centro de la diana".

Ángel Reina, secretario de la Confederación Española de Policía (CEP), dijo que aunque sabe que los investigadores están "haciendo todo lo posible, sería muy bueno que se agilicen" las pesquisas.

El secretario de la Unión Federal de la Policía (UFP), José Méndez, reclamó que se pongan a disposición de los agentes de Asuntos Internos "los medios necesarios" para culminar las indagaciones.