Siete grandes reformas en doce meses y dos huelgas convocadas. El sistema de Enseñanza se ha visto afectado por diversos proyectos redactados por la consejera de Educación, Teresa Jiménez, en su primer año de mandato. Estos cambios tan precipitados, establecidos la mayoría por decretos -algunos de los cuales todavía están en fase de aprobación-, desarrollan la Ley de Educación andaluza (LEA) que se promulgó hace dos años tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos. Unas transformaciones que han enturbiado la relación entre varios agentes de la comunidad educativa: docentes, padres y Administración han protagonizado los últimos meses un debate social que ha puesto en tela de juicio muchos criterios que rigen la enseñanza andaluza y que ha desembocado en la convocatoria de dos huelgas.

La LEA fue aprobada a finales de 2007, en los últimos meses de mandato de la anterior consejera, Cándida Martínez. Con el cambio de gobierno, Teresa Jiménez, la nueva titular de Educación, ha desarrollado mediante decreto varios de los artículos de la orden. Aunque esta "avalancha" de reformas era previsible, la disconformidad con la Junta ha surgido en la manera en la que se ha gestionado su aprobación. Educación, en anteriores mandatos, publicaba una orden después de haberla negociado en la Mesa Sectorial donde se reúnen los representantes de los sindicatos más votados por los docentes. Aunque no se alcanzara el acuerdo, los profesores y maestros eran los primeros en conocer las intenciones de la consejería, y en rara ocasión el borrador que se publicaba era idéntico al original que se proponía a los sindicatos. Lo más normal era que el que se presentaba al resto de la comunidad educativa contuviera ya alguna modificación a instancia del profesorado.

Esta práctica provocaba las críticas de los padres y alumnos, que exigían mayor participación en la elaboración de las órdenes. No se sabe si a raíz de esta exigencia, o por propia iniciativa, la nueva consejera ha invertido el proceso. Ahora los proyectos se hacen públicos antes de mantener algún encuentro, ya sean con profesores o padres. Este cambio, lógicamente, ha originado un gran malestar entre los docentes sevillanos que han visto como grandes propuestas públicas se exponían antes al debate social que al "pedagógico".

El distanciamiento entre Junta y sindicatos se ha evidenciado, principalmente, en los proyectos del nuevo calendario escolar y en el de la regulación de la función docente. Las discrepancias sobre el adelanto del curso escolar ha puesto, incluso, en un brete acuerdos anteriores, como el de la calidad de la enseñanza, ya que las medidas de mejora reclamadas desde hace tiempo por los docentes no han sido atendidas por la Junta, que hasta ahora sólo ha puesto en marcha la conocida como orden de los incentivos (el pago de 7.000 euros a quienes se acojan al plan) que, según los sindicatos, carga sobre el profesorado todo el fracaso educativo.

En el caso de la regulación de las bolsas de interinos, el nuevo sistema que quería implantar Educación sólo se aplicará a medias, ya que el profesorado sin plaza fija se dividirá entre quienes estén catalogados por la antigüedad (los actuales) o por clasificación en las pruebas de acceso (a partir de 2011). Este cambio -introducido por la presión sindical- ha originado una situación más confusa que la anterior, a espera de que la Junta aclare los mecanismos para regular las dos bolsas de trabajo.

Éstos son sólo dos de los siete proyectos más importantes publicados en lo que va de mandato, de un total de 24. Aún hay otros artículos de la LEA por desarrollar. Lo que queda por ver es si la consejería negociará con los profesores antes de publicarlos, o intentará llegar a un acuerdo con ellos después de que trasciendan sus contenidos.