Con independencia de que Miguel Carcaño o los otros imputados en el asesinato de Marta del Castillo Casanueva puedan declararse como insolventes o no, el millonario coste del dispositivo de búsqueda de la menor en el río Guadalquivir y en el vertedero de Alcalá de Guadaíra no podrá exigírseles en la vía judicial. Así lo entienden varios expertos en derecho penal consultados ayer por este periódico.

El abogado Mariano de Alba Rufián considera que no hay ningún precepto del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita incluir el gasto realizado por el Gobierno dentro del concepto de las costas procesales a las que deberían hacer frente las personas que pudieran resultar condenadas una vez que se celebre el juicio y haya una condena firme por el crimen de la menor Marta del Castillo.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, aseguró esta semana que ha encargado a la Abogacía del Estado un informe sobre el coste del dispositivo de búsqueda en el río Guadalquivir para incorporarlo a las actuaciones judiciales y lo mismo sucederá con las labores de rastreo en el vertedero.

El letrado Mariano de Alba explicó que hay muchos procedimientos penales en los que la Administración de Justicia utiliza los recursos de distintos organismos públicos, como por ejemplo los laboratorios e institutos de Toxicología o el trabajo que desarrollan los expertos en caligrafía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y estos costes no son finalmente incluidos en las costas procesales. Mariano de Alba puso como ejemplo que ni siquiera cuando se produce un falso aviso de bomba y es juzgada la persona que realizó la llamada como autor de un delito de denuncia falsa, se le exige que afronte el pago de los servicios policiales que se han visto obligados a intervenir en el caso.

El penalista Manuel Pérez Cuajares ve "muy complicado" que el Gobierno pueda lograr esta indemnización porque, según precisa, en todos los procedimientos judiciales se producen gastos. Este experto planteó asimismo si con esta actuación del Gobierno central no se estaría vulnerando el derecho fundamental que establece la Constitución, en su artículo 24, y la ley de Enjuciamiento Criminal (concretamente en el artículo 520), que establecen que una persona acusada de un delito tiene derecho a no declarar "contra sí mismo y a no confesarse culpable", lo que en la práctica les permite no decir la verdad, incluso con respecto al cuerpo del delito. "Sería muy difícil atribuírles el coste del dispositivo porque los imputados no son responsables de los mecanismos para hallar las pruebas o el cuerpo del delito, y tampoco podría achacárseles la supuesta tardanza en la búsqueda del cuerpo", concluyó el letrado.

En el dispositivo para hallar el cadáver de la adolescente en las aguas del Guadalquivir participaron en total casi medio centenar de personas a lo largo de más de un mes. Justo el día que estaba previsto levantar ese operativo, el principal implicado en el caso, Miguel Carcaño, cambió su declaración inicial y manifestó haber arrojado el cadáver a un contenedor de basura de la calle Jorge de Montemayor.