La Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación para tratar de esclarecer un posible delito de cohecho por parte del ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, quien supuestamente habría reclamado al director de explotación del Grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda, el pago de una comisión de 450.000 euros para desarrollar un proyecto de escuela de hostelería de la Fundación Mercasevilla que ya había sido subvencionado en su totalidad por la Junta de Andalucía con 900.000 euros.

El Ayuntamiento de Sevilla admitió ayer en un comunicado que conocía los hechos desde el pasado 4 de febrero, cuando fue informado por la Junta de "supuestos comentarios y conversaciones realizadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, en ese momento, director general y director adjunto, respectivamente, de Mercasevilla".

El Consistorio hispalense decidió suspender el consejo de administración que se iba a celebrar el 6 de febrero para aclarar los hechos. Una semana después, el 13 de febrero, la Junta trasladó al Ayuntamiento que tenía "la certeza de que se han producido dichos comentarios" gracias a una grabación realizada por los afectados, que fue incluida en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada ese mismo día por la Consejería de Empleo.

"El alcalde de inmediato da orden, a través de fax dirigido al consejo de administración, de la propuesta de cese inmediato de ambos", relató el Consistorio. El cese se produjo en el consejo de administración que se celebró finalmente l7 de febrero, donde Mellet alegó oficialmente ante los consejeros que dejaba el cargo por razones personales relacionadas con la enfermedad de dos familiares. El Ayuntamiento no aclaró ayer las razones por las que ocultó la situación de los dos directivos. Ambos son militantes de la Agrupación Macarena del PSOE, convulsionada por el escándalo de las facturas falsas. Precisamente, Fernando Mellet y Daniel Ponce entraron en Mercasevilla en la etapa de José Antonio García al frente de la Delegación de Salud y Consumo. García presentó posteriormente su dimisión como concejal del distrito Macarena a causa del escándalo de las facturas aunque después fue exculpado.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer a este periódico que la propia fiscal jefe, María José Segarra, está dirigiendo la investigación. Los afectados inicialmente pusieron los hechos en conocimiento de un alto cargo de la Consejería de Empleo, y éste les recomendó que grabaran el supuesto intento de cohecho. La grabación acreditaría que el ex gerente de Mercasevilla habría pedido inicialmente a los hosteleros la aportación de 150.000 euros para efectuar la toma de electricidad de la escuela, una cantidad que los empresarios debían entregar sin recibir ninguna factura o documento acreditativo del pago.

En la misma conversación se les exigió otros 300.000 euros, con un destino que no ha sido concretado, que se abonarían como una especie de colaboración por asignarles a estos hosteleros la concesión y control de la escuela de hostelería. La comisión no llegó a pagarse pero los dos socios recibieron incluso detalles de cómo tenían que hacer el pago: podían dejar un maletín con 300.000 euros olvidado en algún despacho y de ahí lo recogerían.

La investigación, que podría concluir con una denuncia de los hechos en el juzgado, abarcaría en principio a Fernando Mellet, a Daniel Ponce y a otra trabajadora del Mercado Central. La defensa de los investigados aseguró ayer que "los hechos no son ciertos tal y como se exponen y la propuesta entraba dentro de la legalidad y de la relación habitual que existía con el grupo hostelero desde hace más de dos años".

El convenio entre el grupo hostelero y la Fundación Mercasevilla fue suscrito el 24 de junio de 2006. En 2008 la Consejería de Empleo concedió una subvención total de 900.000 euros para sufragar el proyecto, lo que dejaría sin explicación aparente las cantidades solicitadas a los empresarios hosteleros que han denunciado el presunto cohecho. Empleo informó ayer de que "no se ha realizado ninguno de los pagos" de la subvención.

Mercasevilla celebra hoy un consejo de administración para aprobar las cuentas de 2008 y elegir a los sustitutos de los directivos cesados. El Ayuntamiento de Sevilla ostenta la mayoría del capital del mercado central. La sociedad estatal Mercasa, que eludió ayer pronunciarse al respecto, es el segundo accionista, y una pequeña parte del capital está en manos de varias asociaciones de comerciantes del mercado.