El juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la facturación de la Federación Provincial de Vecinos Unidad ha citado al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, para que declare como testigo el próximo 18 de mayo y aclare si el Consistorio ordenó investigar las supuestas facturas falsas.

En una providencia del juzgado de Instrucción número 14 el magistrado Manuel I. Centeno ha citado a Sánchez Monteseirín después de que el interventor José Miguel Braojos, que declaró como testigo el 1 de abril, manifestara que a la Intervención Municipal "nunca se le ha encargado practicar investigación sobre este caso", si bien el funcionario dijo desconocer si algún otro departamento del Ayuntamiento intervino para investigar los hechos denunciados.

En concreto, el interventor municipal negó que le ordenaran investigar el caso después de que el PP denunciara la existencia de un fax remitido desde el grupo municipal socialista a Unidad en el que se daban instrucciones para la realización de una supuesta factura falsa.

Por ello, el instructor, "vistas las manifestaciones realizadas" por el interventor municipal, ha acordado la citación del regidor hispalense "para que como testigo declare sobre el punto indicado y otros que puedan surgir" relacionados con el caso.

El alcalde sevillano prestará declaración, por tanto, después de que lo solicitara el secretario general del PP de Sevilla, Juan Bueno, quien considera a Sánchez Monteseirín el "epicentro del escándalo" porque "cuando la denuncia del caso llegó al Ayuntamiento no se inició ningún tipo de investigación".

Bueno afirmó hace dos semanas en rueda de prensa que "la obligación del alcalde era ordenar una investigación de oficio" en lugar de "tomar una actitud vergonzosa intentando que este asunto pase de puntillas y no se entere nadie de lo que pasa en los cuartos oscuros del Ayuntamiento".

El interventor municipal aseguró además que Unidad debe al Ayuntamiento 6.000 euros derivados de subvenciones no justificadas convenientemente, motivo por el que la asociación deudora ha sido incluida en un listado para no concederle ninguna subvención. El empleado municipal explicó que entre las 23 subvenciones concedidas a dicha entidad había dos facturas del año 2004 por importe de 4.600 y 700 euros que no estaban justificadas, si bien los 4.600 euros fueron devueltos por la asociación. El testigo dijo que dichos 700 euros no justificados se encuentran dentro de una deuda total que ronda los 6.000 euros y que está en la actualidad en fase de requerimiento.

Todas estas declaraciones están tenido lugar después de que el ex concejal de Vía Pública del Consistorio hispalense y ex presidente de Unidad, Manuel Gómez Lobo, y su sucesora al frente de la entidad vecinal, Ángeles Nevado, declararan en septiembre de 2007 en calidad de imputados en relación con las presuntas irregularidades en la justificación de subvenciones otorgadas por las administraciones locales y provincial.

El caso de las facturas duplicadas de Unidad salió a la luz en 2006 ante las presuntas irregularidades en subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y la Diputación a la entidad vecinal, cuando estaba de presidenta de la misma Ángeles Nevado, esposa del ex asesor de Presidencia de la institución provincial Ángel Cervera.

Las facturas justificadas indebidamente fueron presentadas por Unidad por distinto concepto e importe ante la Diputación y el Consistorio con la misma documentación el 1 de junio y el 31 de julio de 2003. Tras la denuncia, Nevado presentó su dimisión, al igual que su marido, quien abandonó su cargo en la Diputación.

Posteriormente, el PP amplió su demanda con un fax, de fecha abril de 2002, con instrucciones supuestamente enviadas desde el Grupo Socialista del Consistorio a Unidad en el que se instaba a la federación a "preparar un sobre con 1.218,90 euros y mandarlo al Consistorio".