Nueve de cada diez agresiones que se registran en Sevilla y su provincia contra profesionales sanitarios tienen lugar en los centros de salud, siendo el motivo de agresión más frecuente el relacionado con el tiempo de espera, con un 58 por ciento del total de estos episodios, seguido de las discordancias en la concesión de la baja laboral (15%) y la prescripción de medicamentos (10%).

Según el informe de agresiones 2004-2008 del Colegio de Médicos de Sevilla, el 91 por ciento de todas las agresiones se producen en los centros de salud, frente a los hospitales y los centros privados, que tan sólo acumulan el siete y el dos por ciento restante, respectivamente.

Además, este estudio revela que, si bien el número de agresiones registradas cada año se ha estabilizado en una horquilla que oscila entre las 70 y 80 agresiones anuales, -según las denuncias tramitadas exclusivamente por este Colegio de Médicos-, este tipo de episodios "son cada vez más violentos".

En cuanto a la tipología de las agresiones más frecuentes, dicho informe revela que el 44 por ciento son de tipo verbal, seguidas por un 28 por ciento en el que media una agresión física y un 26 por ciento de tipo intimidatorio.

Del total de estas entre 70 y 80 agresiones que el Colegio tiene registradas anualmente tras emprender los correspondientes procesos judiciales, un 36 por ciento se han considerado penalmente como amenazas, un 15 por ciento como lesiones y un 49 por ciento constitutivas de injurias.

Atendiendo al tipo de agresor, del informe de partes se desprende que un 48 por ciento de las agresiones fueron cometidas por el propio paciente y un 30 por ciento por sus familiares y acompañantes. Además, un 11 por ciento de casos se trataba de enfermos con alguna patología psíquica y un 10 por ciento a toxicómanos. Por sexos, el 56 por ciento de las agresiones se comenten contra profesionales varones y el 44% contra mujeres.

Los médicos piden que la agresión verbal también se considere delito

Al hilo de estos datos, el presidente de la citada entidad colegial, Carlos González-Vilardell, reclamó en declaraciones a Europa Press la "necesidad" de que las agresiones verbales e intimidatorias, "y no ya sólo las físicas", sean tipificadas como delito de atentado a una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

"Creemos que son necesarias leyes más contundentes para que la libertad no la conviertan algunos en libertinaje", reprobó el dirigente colegial, quien, en este sentido, aludió a los "buenos resultados" que el endurecimiento de ciertas normativas está provocando entre la población, "como el carnet por puntos que implantó la DGT".

De igual forma, abogó por incrementar el número de efectivos de los servicios de vigilancia que trabajan en centros más conflictivos para que actúen "como fuerza disuasoria". Respecto al papel de la entidad colegial, destacó que durante la última década ha defendido a sus colegiados ofreciéndoles la asesoría jurídica del colegio.

Junto a los motivos anteriormente citados como más usuales y que desembocan en una agresión, González-Vilardell citó también la angustia que le provoca al agresor la "falta de información" sobre la situación de su familiar grave (urgencias de hospital); el retraso en los plazos para pruebas complementarias; la desconfianza ante la actuación del médico, y la pérdida de valores sociales.

A tenor de lo expuesto, anunció que la Dirección de Docencia del Colegio de Médicos está preparando actualmente un ciclo de cursos y conferencias, a fin de informar de las recomendaciones a seguir en caso de agresión. Del mismo modo, la entidad colegial está elaborando una guía práctica de actuación con recomendaciones para evitar el que se produzca una agresión.