La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha retirado el servicio de coche oficial con conductor que disponían los juzgados de guardia de Sevilla y ha restringido el uso de los taxis por parte de los trabajadores, una medida que pretende reducir costes para las arcas públicas pero que ha generado indignación entre los funcionarios y magistrados destinados en estos órganos judiciales.

Hasta ahora, los juzgados de guardia de Sevilla disponían de un vehículo a su disposición las 24 horas para la realización de las actuaciones judiciales urgentes, como la práctica de levantamientos de cadáveres, registros domiciliarios o cualquier otro servicio que fuese necesario llevar a cabo por el juez de guardia.

Fuentes de la Consejería de Justicia garantizaron ayer que los magistrados de guardia tendrán a su disposición un vehículo cuando resulte necesario para el ejercicio de su función jurisdiccional, para lo cual sólo tendrán que solicitarlo a la delegación provincial de la Consejería de Justicia, pero precisó que no habrá un coche las 24 horas esperando en las sedes judiciales. La medida ha causado indignación en los juzgados, porque además lleva aparejada la restricción en la utilización de taxis, dado que la Consejería ha ordenado que los desplazamientos se efectúen, siempre que sea posible, "en medios de transporte público colectivo", como el autobús.

La Junta alega que con esta medida, que se ha aplicado en toda la comunidad autónoma, se pretende reducir gastos para las arcas públicas y señala que el año pasado el coste de la utilización de taxis en los juzgados andaluces ascendió a tres millones de euros. La Consejería alega que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública "debe coligarse con la eficacia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales".

La retirada del coche oficial y la utilización del servicio de taxis se regula en la instrucción 2/2009 que la Consejería de Justicia emitió el pasado 29 de julio, aunque no ha sido hasta ahora, a la vuelta de las vacaciones de agosto, cuando se ha percibido con todo su alcance en los órganos judiciales.

La Junta subrayó ayer que, a partir de este momento, los desplazamientos de funcionarios de la Administración de Justicia se llevarán a cabo "en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte", en la forma que establece el real decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio. Justicia asegura que los taxis que se usen para servicios especiales serán autorizados -previo informe de las delegaciones provinciales- por la secretaría general técnica de la Consejería de Justicia, aunque aclara que determinadas actuaciones, como los levantamientos de cadáveres, no se verán afectados por la nueva regulación de estos servicios.

En cualquier caso, la Junta asegura que las delegaciones provinciales de Justicia están al corriente de la nueva instrucción que regula los desplazamientos en la Administración de Justicia y aplican las normas para que, "de ninguna manera, el servicio público se vea mermado".