Pese a las intenciones de la Junta de extender la red de guarderías públicas, más de 4.000 niños con edades comprendidas entre los 0 y 3 años se han quedado sin plazas en estos centros, precisamente, en el primer curso que las competencias sobre las escuelas infantiles pasan a estar controladas por la Consejería de Educación.

En concreto, han sido 4.123 menores los que se han visto en esta circusntancia, según datos facilitados por la Delegación de Educación. Para paliar este déficit, la Junta ya tiene diseñado un plan para crear 100.000 plazas en toda Andalucía en tres años. Este proyecto cuenta con una inversión de 40 millones de euros incluida en los presupuestos de 2009.

Los primeros frutos de dicho gasto se han visto este año en la provincia de Sevilla, en la que se ha incrementado la oferta de plazas públicas en un 13%, hasta llegar a las 15.911. Sin embargo, esta cifra no es suficiente, a tenor del número de niños que se han quedado sin matricular y por la política llevada a cabo por la delegación que dirige Jaime Mougan, que se ha visto obligada a concertar más centros para dar respuesta a la demanda.

Un caso sorprendente es el que ha ocurrido en la Escuela Infantil Arco e Iris, en el barrio de Los Bermejales, donde los padres que ya habían matriculado a sus hijos tuvieron constancia a pocos días de que comenzara el curso (el 1 de septiembre) que el centro se había privatizado. La razón del cambio de titularidad, según detallaron las familias afectadas, era "el desconocimiento que tenía Educación para gestionar estos centros, que antes controlaba la Consejería de Bienestar Social, y la falta de presupuesto".

La gestión de este centro se adjudicó a la empresa Asisttel a través de la Fundación Andaluza de Asuntos Sociales, según consta en el texto del contrato. La adjudicación se realizó sin licitación, por la vía de urgencia ante "la situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para el poder adjudicador", una justificación incomprensible para los padres, ya que el trapaso de competencias entre Bienestar Social y Educación se anunció a principios del curso pasado.

El problema, no obstante, no radica en la titularidad del centro, ya que las plazas públicas habían pasado a ser concertadas sin que ello supusiera un incremento del coste (este año todas tienen como precio máximo 278 euros, que se reduce con las bonificaciones), sino "la falta de personal" para atender a los menores.

Úrsula Martínez, que tiene a uno de sus hijos en dicha guardería, lamenta que con la privatización de la escuela se ha pasado de contar con una plantilla de 25 trabajadores para 85 niños a otra de 12 (incluyendo coordinadora, cocinera y limpiadora) para 115 menores, lo que supone un incremento en la ratio de 3,4 escolares por maestro a 9,6, casi el triple.

Dicho aumento es el que ha provocado que los padres pidieran explicaciones al delegado, Jaime Mougan, quien les respondió que esa es la opción que se ha elegido por "razones económicas", pese a existir un plan de choque de la Junta para hacer frente a la plantilla.

Algunas madres, como Débora Carrero, se han quejado ya de "la falta de limpieza" en la guardería, al disponer de una sola limpiadora para 115 niños. Los padres esperan obtener una respuesta a sus demandas en la reunión que mantendrán con Mougan el próximo lunes.