El caso Mercasevilla se adueñó otra vez del Pleno, y ello a pesar de que el gobierno de Monteseirín apoyara la moción del PP para autorizar el acceso del consejero de la oposición a los expedientes relacionados con la venta del suelo.

Tal y como avanzara anteayer el propio portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, acerca de nuevas irregularidades en la tramitación del pliego de condiciones de la venta de Mercasevilla, Beltrán Pérez mostró ayer en el Pleno documentos que atestiguan que el pliego aprobado por la junta general de accionistas el 30 de noviembre de 2005 y que luego formó parte de la documentación elevada a Pleno el 15 de diciembre de 2005 "no es el mismo" que el definitivo, que consta en la causa judicial abierta por Mercedes Alaya dentro de una de las dos líneas de investigación por supuestas irregularidades en Mercasevilla. El PP sostiene que hubo manipulación del documento.

Así, el pliego que está en manos de la Justicia, fechado el día 30 de noviembre de 2005, recoge que los suelos de Mercasevilla carecen de carga real alguna, lo que oculta que existía un derecho de superficie sobre el terreno que favorecía a la empresa que resultó ser adjudicataria del proceso, Sando -Sanma, filial de Sando, se subrogó ese derecho, adquirido inicialmente por Larena 98, antes de la enajenación del suelo de Mercasevilla-. El propio pliego recoge, no obstante, que premiaría con 10 puntos la oferta de quien hiciese valer derecho alguno sobre el suelo, lo que ocurrió con Sando, que logró 7 puntos frente a los cero acumulados por Noga. Este pliego está firmado por el entonces presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, que encabeza con su rúbrica el resto de firmas de los consejeros, entre ellos el secretario, Jorge Piñero.

No sucede así con el pliego de condiciones que formaba parte de la documentación elevada a Pleno, que en realidad se trata del mismo borrador de las bases que el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, remitió por correo electrónico a la técnico Victoria Bustamante -también imputada en el caso- para la "elaboración" del pliego dos días después de que la comisión ejecutiva lo hubiese aprobado.

Esas bases no están fechadas, no llevan el sello de entrada del registro municipal ni están numeradas. Además, hay pasajes en blanco que están por cumplimentar, como por ejemplo el número de CIF, el registro mercantil en el que está inscrita Mercasevilla y el apartado de cargas reales, donde se indica claramente un apunte para que "se relacionen las cargas reales existentes, incluyendo en ellas los derechos de superficie aunque no estén inscritos", lo que no se hizo a posteriori, ya que se ocultó el derecho existente a cargo de Sando.

Y lo que es más. El pliego que consta en los expedientes municipales está firmado por alguien distinto a Gonzalo Crespo en calidad de presidente de Mercasevilla, ya que esa rúbrica no coincide con la que estampó Crespo en las bases definitivas que están en poder judicial.

La propia portavoz del gobierno local, Maribel Montaño (PSOE), reconoció ayer a los periodistas tras el Pleno que abriría una investigación interna para esclarecer de quién es la firma estampada bajo el epígrafe de Presidente de Mercasevilla, aunque consideró que las diferencias entre ambos documentos "no son relevantes". Es más, Montaño destacó los cambios de tipografía -redacción de párrafos en negrita y sustitución de mayúsculas por minúsculas- y los "tres apartados por rellenar" como las "únicas diferencias reseñables" entre ambos documentos, que ella insistió en definir como "uno solo, el único que existe".

Montaño llegó a decir que las diferencias entre ambos podrían ser debidas a que el que se elevó a Pleno "no estaba terminado del todo" y que habría sido remitido "por personal técnico por correo electrónico" debido a la premura de tiempo con que se conforman los expedientes que concurren a Pleno.

Los dos pliegos exhibidos ayer contienen las cláusulas cuya legalidad está en entredicho, correspondientes a la limitación del precio al alza, el que puntúa el derecho de superficie y las cláusulas sociales. Todas ellas beneficiaron a Sando, por lo que la juez investiga una presunta maquinación de documentos y alteración de precio para favorecer a esta empresa por encima de cualquiera de las otras siete firmas que concurrieron al concurso.

Pese a ello, Gómez de Celis anunció en un comunicado una vez concluida la sesión que había ordenado a la jefatura de servicio de Alcaldía que fotocopiara, compulsara y enviara al juzgado de instrucción número 6 el expediente al que aludió ayer la oposición. Y ello, pese a que fue el propio Celis quien, en el Pleno, instó al PP a denunciarlo ante los tribunales. El cambio de criterio obedece, según Celis, a que es conveniente "que la juez competente pueda analizarlo ante las dudas jurídicas vertidas por el PP".