2010

El estudio que la Gerencia de Urbanismo encargó a la Universidad de Sevilla para diseñar medidas con las que reducir al mínimo los efectos negativos de las obras en el comercio de la capital sevillana concluye que rebajar los impuestos locales a los afectados y cumplir los plazos de obra (porque "una excesiva dilación tiene efectos perniciosos sobre su entorno") son las mejores y más rápidas soluciones económicas para lograr este objetivo.

Ambas medidas, sin embargo, están muy lejos de lo que sucede hasta ahora en Sevilla, donde la mayor parte de las obras públicas que afectan a comercios y negocios se retrasan demasiado tiempo (ampliación de Fibes, Plaza de la Encarnación, Metro, carril bici, reurbanización de barrios, etcétera) y la administración sólo aporta ayudas que consisten, como mucho, en promociones comerciales de la zona afectada para atraer clientela.

El profesor titular de Teoría Económica y Política de la Hispalense, José Ignacio Castillo-Manzano, apunta en el primer borrador del estudio que la alternativa mas rápida para apoyar el tejido económico es "arbitrar ahorros o periodos de carencia en cualquiera de las tasas e impuestos municipales", de forma que "las cantidades ahorradas se reintegrarán a plazos y sin intereses al Ayuntamiento tras el final de las obras y la vuelta a la normalidad de la actividad económica". El profesor apunta esta posibilidad "siempre que fuera viable jurídica y administrativamente" y añade que esta vía es mucho mejor que convocar subvenciones dirigidas a que los comerciantes adquieran bienes capitales.

En el texto, cuyo contenido será consensuado desde finales de mes hasta enero de 2010 entre los agentes económicos de la ciudad y el Ayuntamiento de Sevilla, se apunta que las obras de importancia se deben acompañar de un documento de medidas provisionales durante el periodo de ejecución que incluyan todos los detalles de movilidad del tráfico en la zona de obras, especialmente las alternativas de aparcamiento "si la obra supone la merma, total o transitoria, de un número importante de los mismos", la forma de garantizar la carga y descarga del tejido económico del lugar, así como las soluciones para el transporte privado y público.

Entre las ocho medidas también se cita la necesidad de mejorar los procesos de información pública que anteceden a las grandes obras por considerar que "es un procedimiento imperfecto que a veces no suele encauzar la participación buscada. Por ello no es infrecuente que las alegaciones se presenten posteriormente por parte de los afectados de forma inapropiada". Dos ejemplos de estas carencias en la información previa a las obras se dieron con el tranvía del centro y con la primera línea del Metro de Sevilla, donde la falta de información provocó una avalancha de quejas vecinales y de instituciones que obligaron a cambiar el proyecto, y por tanto, fueron una de las causas del gran retraso de las obras.

El estudio de la Universidad propone como solución que la administración informe de forma exhaustiva a vecinos y agentes sociales, y que los pliegos de condiciones de los concursos de obra pública obliguen a las constructoras a contemplar medidas correctoras para reducir al mínimo los efectos de la obra. Además se propone un seguimiento más frecuente de las obras y repartir octavillas antes de la ejecución con datos exhaustivos sobre plazos, cortes de calles u otras incidencias.

La figura de un interlocutor-mediador directo en todas las obras es otra aportación interesante. Su función sería aportar transparencia a todo el proceso, solventar dudas y escuchar las quejas. Visitaría de forma periódica las obras para localizar problemas.

El concejal de Urbanismo y Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, presentó hace días el documento a las patronales de comercio y de hostelería, que elogiaron esta iniciativa.