Sando deja de pagar 600.000 euros a Mercasevilla por el canon mensual

La constructora malagueña comunicó en enero pasado a la empresa que resolvía de forma unilateral el contrato por no dar luz a las naves donde iba la escuela de hostelería

Jorge Muñoz | Actualizado 28.11.2009 - 05:03
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Las instalaciones de Mercasevilla, en una imagen de archivo.

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La constructora malagueña Sando, adjudicataria de los terrenos de Mercasevilla en un concurso que está siendo investigado por la Justicia, dejó de pagar más de 646.000 euros al mercado central tras resolver unilateralmente el contrato porque entendían que éste había sido incumplido por la mayorista, según informaron a este periódico fuentes del caso.

La resolución del contrato, que fue comunicada a Mercasevilla en enero pasado -antes de que estallara el escándalo por el intento de cobro de comisiones ilegales a dos hosteleros-, se debió a que la empresa mayorista no había ejecutado los trabajos de acometida de luz en las naves donde precisamente se iba a crear el proyecto de escuela de hostelería para el que se exigió una comisión de 300.000 euros.

Sando había adquirido a la inmobiliaria Larena 98 un derecho de superficie sobre diversas parcelas de Mercasevilla, por las que se pagó 1.890.000 euros, y a cambio comenzó a pagar desde 2005 un canon de arrendamiento mensual de 58.738 euros. Estas cantidades fueron abonadas por la constructora a Mercasevilla hasta enero pasado, fecha en la que, después de haber reclamado insistentemente que se dotara de luz a las naves, Sando decidió resolver unilateralmente el contrato con el mercado mayorista. Desde ese momento y hasta la fecha, la empresa con capital mayoritario del Ayuntamiento ha dejado de percibir más de 646.000 euros por ese canon.

La resolución del contrato no implica que Sando renuncie al proyecto para edificar más 2.000 viviendas en Mercasevilla ni a la construcción de la nueva central de abastos en Majarabique, según aclararon las mismas fuentes.

Sando comunicó formalmente a Mercasevilla la resolución del contrato sobre los derechos de Larena 98 en el mes de marzo, cuando aún no se había destapado el escándalo de las comisiones que ha derivado en una investigación sobre el concurso público por el que se adjudicó la venta de los terrenos a una filial de esta constructora.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso, considera que como Sando había sustentado económicamente a Mercasevilla con el pago de ese canon mensual, los imputados decidieron, como "contraprestación", favorecer presuntamente a esta empresa en el concurso público para la adjudicación de los terrenos. La juez también considera que el derecho de superficie que adquirió Sando "nunca se llevó a efecto pues la superficiaria no podía construir las naves pactadas por la ausencia de las obras de urbanización de las parcelas, que corrían a cargo de Mercasevilla", según refleja la magistrada en la imputación realizada al ex director general del mercado central, Fernando Mellet, cuando prestó declaración en octubre pasado.

De otro lado, el PP reveló ayer que el informe elaborado por la Policía Judicial como conclusión a la investigación pone en duda el uso de las ayudas sociales aportadas por Sanma, la filial de Sando. Esta entidad entregó al mercado 246.00 euros comprometidos para cursos de seguridad y salud, programas de integración social o la fundación socioasistencial, pero la Policía asegura que "no se puede relacionar directamente ayudas y actuaciones", lo que cuestiona el destino de estos fondos, informa Europa Press.

Los investigadores descubrieron un documento mediante el que Luis Sánchez Manzano, en representación de Sanma, se comprometía el 6 de febrero de 2006 a asumir "la mejora de las prestaciones sociales y empresariales" de la plantilla de Mercasevilla en el caso de resultar adjudicataria de los suelos ofertados mediante el citado concurso público. El compromiso consistía en aportar 30.000 euros anuales durante cinco años para la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, la asunción del coste de cursos de seguridad y salud por hasta 6.000 euros anuales, 70.000 euros como "subvención" para la integración social de colectivos desfavorecidos y la enajenación de suelos para la construcción de cien viviendas protegidas con destino a los empleados de la empresa.
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