El Juzgado de Instrucción número 6 ha citado a declarar el próximo mes de febrero a Rafael P.P., de 67 años de edad e imputado por intentar hacer volar en julio pasado el bloque número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán por medio de siete bombonas de gas butano y líquido inflamable, por presuntas calumnias e injurias a un vecino del bloque en los meses previos al incendio.

En este sentido, fuentes del caso informaron que la declaración se producirá a lo largo del próximo mes de febrero, todo ello una vez que el imputado ha recibido el audífono necesario para poder prestar declaración ante la juez Mercedes Alaya Rodríguez, pues hay que recordar que el extravío del audífono motivó la suspensión de la primera citación de Rafael P.P. -quien alegó una pérdida de audición del 80 por ciento-, prevista en un primer momento para el pasado día 14 de septiembre.

De este modo, las mismas fuentes citadas especificaron que el imputado se negó a declarar el pasado mes de septiembre ante la juez instructora del caso argumentando para ello que el Juzgado de Instrucción número 14 -el cual instruye la causa por el incendio del pasado mes de julio- no le había devuelto el audífono que entregó tras causar presuntamente el fuego.

En su día, el denunciante y administrador de fincas que gestiona la comunidad de propietarios de este edificio y vecino del propio bloque, José Enrique Algaba, consideró en declaraciones que las excusas planteadas por Rafael P.P. para no declarar "no son mas que una estrategia para dilatar el proceso", haciendo mención además a la actitud mostrada por el imputado a la entrada a los juzgados del Prado, cuando miró "de manera arrogante" al conjunto de vecinos apostados en el lugar.

Mensajes "ofensivos" hacia el administrador

De igual modo, recordó que fue el pasado mes de noviembre de 2008 cuando él mismo denunció al ahora imputado acusándolo de introducir cartas en su buzón con mensajes "completamente ofensivos y que excedían los límites de lo tolerable". Según afirmó, en estas cartas Rafael P.P. "realizaba una serie de imputaciones", por lo que "llegó un momento en el que no podía tolerar más" los mensajes incluidos en las misivas e interpuso la denuncia ante el Juzgado, el cual realizó la citación judicial un mes más tarde, factor este que disuadió al acusado de remitir más misivas al administrador.

Al hilo de ello, Algaba señaló que, aunque tras la citación el imputado dejó de mandar cartas, pasó a amenazarle verbalmente, aunque los vecinos "nunca llegamos a imaginar que las amenazas iban a llegar a este término" -en referencia al incendio provocado el pasado mes de julio por este individuo, actualmente en prisión imputado por un presunto delito de estragos, el cual engloba los daños y el incendio, y once presuntos delitos de incendio en grado de tentativa-.