La Jefatura Superior de Policía está reestructurando por completo la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) después del robo de 154 kilos de cocaína y heroína y la desaparición de un kilo y medio de hachís. Sólo uno de los seis policías que se encuentran imputados por distintas causas relacionadas con ambos sucesos permanece dentro de la unidad, mientras que los cambios en la dirección de los distintos grupos que la componen han obligado a la Jefatura a recomponer prácticamente todo su organigrama. La reestructuración cuenta además con un inconveniente: ningún policía quiere entrar en la Udyco.

La situación actual en esta unidad es muy tensa, tal y como reconoció el pasado jueves el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Son seis los policías que se encuentran imputados por distintos hechos surgidos a raíz del robo de la droga y esto ha generado cierta desconfianza en la mayoría de los agentes nuevos que la Jefatura ha destinado en la Udyco. El hecho de estar en contacto directo con la droga y los confidentes retrae a los policías a pedir el traslado a la Udyco y actualmente todos los traslados están siendo impuestos por la Jefatura.

De los seis policías de la Udyco imputados judicialmente sólo queda uno en el seno de la unidad, el jefe del grupo II, que actualmente está realizando el curso para ascender a inspector jefe. Este policía es uno de los tres responsables de la Udyco que fueron imputados por la juez de Instrucción 19 por un supuesto encubrimiento después de que la unidad de Asuntos Internos detuviera al presunto autor de los robos, el agente Lars Sepúlveda, que permanece en prisión preventiva desde que fuera arrestado a mediados de septiembre.

El que fuera jefe de la Udyco durante varios años fue trasladado a la comisaría Centro, donde dirige las tareas de Seguridad Ciudadana. Su puesto ya ha sido cubierto por el anterior jefe de Homicidios. El otro mando imputado, el jefe del grupo III, salió de la Udyco meses antes de que Asuntos Internos esclareciera el caso.

A este episodio le ha seguido la desaparición de un kilo y medio de hachís, que fue hallada luego en poder del socio de un policía del grupo X, especializado en el tráfico de drogas a pequeña y mediana escala y que sin embargo intervino el mayor alijo de hachís incautado en tierra firme en la historia de España. Este agente está suspendido de empleo y sueldo por dar una rueda de prensa en la que, junto con otros compañeros, denunció una serie de presiones de la Jefatura y de sus compañeros de otros grupos por colaborar con Asuntos Internos en el esclarecimiento del robo de los 154 kilos de cocaína y heroína. Fue detenido y sigue imputado porque la droga encontrada a su socio era la misma que fue analizada por la Policía Científica, puesto que la pastilla tenía las mismas marcas realizadas por los especialistas a la hora de hacer los controles.

El jefe de este grupo también está imputado en estos hechos por la ruptura de la cadena de custodia de la droga y ha sido trasladado a otra unidad, la de requisitorias e informes. Todos estos movimientos han obligado a la Jefatura a reorganizar casi toda la plantilla para ir cubriendo todas las plazas que se quedan vacías tras los traslados. De hecho, estos movimientos han motivado ya las primeras quejas por parte de los propios afectados.