Cristóbal León Ruiz, de 80 años, casi no podía hablar al ver una multitud de cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas, vecinos y hasta algún político en el salón de su casa del número 25 de la calle Guadaíra, en San Bernardo. Los había convocado la Liga de Inquilinos Amenazados a las nueve de la mañana de ayer, hora a la que estaba previsto que lo desalojaran de la vivienda en la que ha residido desde 1975.

El acto fue puntual. Minutos después de la hora fijada dos policías nacionales entraban en el piso y preguntaban por el inquilino. "Soy yo", decía el anciano casi entre lágrimas. "Tiene usted que escuchar a la comisión judicial que va a proceder al lanzamiento", comentaba uno de los dos agentes. "Primero los trámites y luego entra usted a recoger sus pertenencias". Pocas cosas quedaban ya en el piso: dos bombonas de butano, algunas bolsas, ladrillos y pequeños muebles.

La mayoría de los objetos los habían ido sacando antes y ya estaban en el domicilio de San Bernardo, 52 que Cristóbal ocupó hace ahora tres años y en el que reside desde ayer. Este hombre y su esposa fallecida recientemente fueron una de las diez familias del barrio que entraron de forma ilegal en un bloque vacío de viviendas en el año 2005 ante el deterioro de los pisos de renta antigua en los que residían. Gracias a aquello, Cristóbal podrá disponer de un piso en el que dormir sin la necesidad de tener que vivir con sus hijos y nietos o trasladarse a un asilo, como sí ha sucedido en otros desalojos de ancianos ocurridos anteriormente en Sevilla.

Hasta el piso ocupado les fueron trayendo sus objetos algunos vecinos y otros jóvenes del movimiento okupa que también estuvieron presente en el desalojo de Casas Viejas y que quisieron apoyar ayer a este hombre en su mal trago. El desahucio de Cristóbal, que pagaba una renta antigua de 20 euros por vivir en un edificio propiedad de una inmobiliaria, se completó en poco más de media hora. "¿Qué puedo decir?", comentaba emocionado a la prensa este hombre que es vecino de San Bernardo desde niño y que se ganó la vida como albañil.

Vivió siempre en la calle Guadaíra. Primero en una casa que ya se derribó hace años y luego en esta de la que ayer se marchó. Allí llevaba 33 años. Era un piso de la cooperativa de viviendas de San Bernardo, formada en los años setenta para proteger a los vecinos del barrio que vivían en casas ruinosas. La sociedad alquiló pisos para los afectados, pero al extinguirse a principios de los años noventa los inquilinos quedaron completamente desprotegidos.

Los contratos de alquiler estaban a nombre de la cooperativa y no de los particulares, que realmente estaban en una situación de subarriendo. Así llevaba Cristóbal desde 1992, viviendo en un edificio que ha sido declarado por la Gerencia de Urbanismo en subasta pública por que la propiedad -la inmobiliaria Gaflorta- no ha cumplido con su obligación de conservarlo, según explicó ayer a este periódico el abogado de la liga de inquilinos La Corriente, José Ignacio Aguilar.

La inmobiliaria ganó el litigio después de que el juicio fijado para el 4 de noviembre de 2007 no llegara nunca a celebrarse. Macabra coincidencia: Cristóbal, el anciano desalojado, no pudo asistir a la vista porque aquel día estaba enterrando a su esposa. Luego llegó la conformación de este anciano, ya viudo, para marcharse de la vivienda que tantos recuerdos le trae a la mente. "No estoy solo", decía. Le acompañaban sus dos hijos, sus vecinos, algunos de los jóvenes que viven en otro edificio ocupado del barrio y el cabeza de lista de IU al Parlamento de Andalucía por Sevilla, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Faltaba su mujer. Escasa compañía para 33 años de recuerdos.