El director general del área inmobiliaria de Sando y vicepresidente ejecutivo de la compañía, José Luis Miró, ha asegurado este lunes en su declaración ante la juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla que la inmobiliaria no invirtió en el Mercado con la condición de que se le prometiera la adjudicación de la totalidad de los suelos en el concurso público convocado en 2005.

 

José Luis Miró, que declaró como imputado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, reconoció que el vicpresidente del grupo Sando, Luis Sánchez Manzano, le dio instruccione a principios de 2005 para que se pusiera en contacto con Mercasevilla y se informara de las gestiones que se practicaban para el futuro traslado de las instalaciones del Mercado Central. El vicepresidente de la inmobiliaria malagueña se reunió con el entonces director general de Mercasevilla y también imputado, Fernando Mellet, quien le habló del traslado de la unidad alimentaria y sobre los terrenos que quedaban donde está actualmente ubicada, y añadió que en ese encuentro le comentó que había "un problema con un derecho de superficie", en relación al contrato que tenía la inmobiliaria Larena 98 para la construcción de unas naves.

 

José Luis Miró ha explicado a la juez que después de una segunda reunión llegó a la conclusión de que la subrogación de ese derecho -por la que Sando pagó un millón de euros- era "muy rentable" para la compañía, y añadió que después de estudiar la cuestión y analizar los gastos estimaban que obtendrían una rentabilidad del 8%.
 

La juez considera "una paradoja" que Sanma se dispusiera a construir unas naves cuando "conocían que los actuales terrenos de la Unidad Alimentaria por la modificación del PGOU pasaban de tener un uso terciario a residencial y dichas naves tendrían que ser demolidas a corto o medio plazo". También cuestionó la instructora que la empresa invirtiera cuatro millones de euros "pese a ser previsible su imposibilidad de explotación", ya que el derecho de superficie, ha insistido la magistrada, "era prácticamente irrealizable" puesto que Mercasevilla atravesaba graves dificultades económicas que indicaban que no podría acometer las obras de urbanización y acometida eléctrica necesarias para la construcción de las naves. Sin embargo, el directivo de la constructora malagueña indicó a la juez que la operación era rentable porque tras el traslado a las nuevas instalaciones, Mercasevilla tenía la obligación según el contrato de construirle dichas naves en el nuevo emplazamiento.

 

El directivo de Sando negó rotundamente que Fernando Mellet le propusiera la subrogación del contrato de Larena 98 "a cambio" de la adjudicación del concurso para hacerse con el derecho de compra de la totalidad de los terrenos, algo que según Miró "no es cierto, jamás se habló de los dos negocios de manera vinculada o asociada", ha afirmado en su comparecencia. También negó que la constructora haya intervenido o asesorado en la elaboración del pliego de condiciones del concurso y se negó a responder a las preguntas en las que la juez le planteó si dos cláusulas de dicho pliego favorecieron a su empresa, al afirmar el imputado "que no le corresponde hacer valoraciones".

José Luis Miró ha asegurado a la juez que ignora si fue su empresa la que se puso en contacto con el ex asesor del alcalde y también imputado en la causa, Domingo Enrique Castaño, para que éste comenzara a trabajar en una de las filiales del grupo o fue el propio Castaño quien contactó con Sando. Lo que sí quiso dejar claro es que "en ningún momento se valoraron los contactos políticos ya que las gestiones políticas del mismo habían concluido y fue contratado para el desarrollo del plan del suelo que tiene esa sociedad".

Al igual que hiciera el vicepresidente de la compañía, Miró ha afirmado que las entregas de cantidades que hizo a su empresa y que fueron destinadas al pago del ERE de Mercasevilla se hicieron "como pago a cuenta del precio final de compraventa, como un anticipo del precio" y ha añadido que desconocía que el Mercado Central tuviera un expediente de regulación de empleo.