2012

Sin límite temporal para fijar conclusiones, la dirección política de Mercasevilla del Ayuntamiento de Sevilla (el vicepresidente Antonio Rodrigo Torrijos, de IU, y el consejero apoderado Alfonso Mir, del PSOE) se comprometió ayer con los trabajadores, los mayoristas y los minoristas de la empresa a iniciar una ronda de contactos por separado con todas las partes para consensuar soluciones que saquen a la empresa mixta (con mayoría de participación del Ayuntamiento) del túnel económico, judicial y de gestión en el que se encuentra. Liderada por Torrijos, la primera reunión con las partes duró dos horas. IU garantiza que hay voluntad de diálogo y que se abordarán todas las preocupaciones que planteen todos los gremios de la empresa.

Los mayoristas de pescado, los que más ingresos anuales reportan a la unidad alimentaria y los que facturan más dinero, ponen siete condiciones. El presidente de los mayoristas de pescado, Antonio Vela, entregó ayer un escrito con las reivindicaciones laborales, urbanísticas, de gestión y judiciales del gremio. Algunas coinciden plenamente con las peticiones del comité de los trabajadores públicos del mercado. Primero, que la Junta de Andalucía asuma su responsabilidad de pagar los 9 millones de euros de los 40 prejubilados del polémico ERE de 2007 y se comprometa también a asumir su parte con los 24 trabajadores con derecho a prejubilarse ahora.

Segundo, que se concrete un "plazo máximo" de tiempo para el traslado a la nueva sede de Majarabique -la futura área logística al norte de la capital-, una operación prevista para 2012 que se truncó tras el escándalo judicial que ha sacudido a la empresa. Sobre este punto, piden en el tercer punto crear una comisión de seguimiento, con carácter ejecutivo, para abordar el traslado con independencia de lo que dictaminen los tribunales sobre la operación urbanística de venta de los suelos actuales a Sando. En cuarto lugar, que los consejos de decisión de Mercasevilla (consejo de administración y comisión ejecutiva) incorporen a los representantes de los trabajadores y de los empresarios del mercado.

Quinto, que se fije un calendario para cumplir de una vez las resoluciones administrativa y judicial de 2002 (Consejo Nacional de Competencia, antes Tribunal) y de 2006 (de la Audiencia Nacional) que consideran "grave" el intervencionismo de Mercasevilla en el pescado, hasta lograr que el mercado de pescado tenga "absoluta libertad empresarial" como el resto de mercas de toda España.

En sexto lugar, elegir un nuevo director general con consenso que siga en el cargo con independencia del color político del Ayuntamiento en las elecciones de 2011. En línea con el comité, la última petición es que los partidos políticos dejen de utilizar a Mercasevilla como arma arrojadiza en perjuicio de trabajadores y empresarios. El actual gerente, Jordi Maymó, dejará el cargo en primavera cuando se aprueben las cuentas de 2009.