Los letrados del Colegio de Médicos han defendido durante el último año a 34 facultativos que han sufrido agresiones, cinco ataques físicos y el resto verbales (insultos o injurias), en sus puestos de trabajo. Aunque estos ataques han disminuido -en 2008 se registraron medio centenar de casos- el asesor jurídico de la institución colegial, Santiago Campo, advirtió ayer del "mayor grado de violencia" sufrido por los médicos en estas situaciones en los últimos meses. Los ataques disminuyen, pero son más graves. El caso más reciente ocurrió el 22 de enero pasado cuando un usuario del SAS empuñó un cútex para amenazar a un equipo sanitario de Urgencias (DCCU).

La mayoría de los problemas de violencia en el ámbito sanitario se producen en los centros de salud (19 ataques en Sevilla y la provincia en un año). En las zonas de Urgencias se detectaron cinco agresiones; otras seis en áreas hospitalarias; dos en sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y otras dos, en consultas privadas. Estos datos sólo son "una muestra de la realidad", incidió Campo al valorar el balance de la asesoría jurídica que dirige, ya que "un buen número de víctimas no denuncian por temor a represalias, o por cualquier otra razón"; o bien optan por otros mecanismos de protección como la asesoría jurídica del Sistema Andaluz de Salud (SAS) o los despachos de abogados privados.

El 40% de los casos se procesan en los tribunales como delitos y no como juicios de faltas, lo que supone penas más duras, que pueden ser de cárcel, contra los agresores. "El objetivo es que las agresiones que sufren los médicos durante el ejercicio de su función se tipifiquen como delitos de atentado, como a cualquier otro funcionario, y para ello hemos mantenido reuniones con los fiscales", comentó el presidente del Colegio de Médicos, Carlos González-Vilardell.

Entre las condenas más duras logradas por los abogados, Campo recordó el caso de un agresor que afrontó un año de prisión por atacar a un médico. Y entre las indemnizaciones más altas, el responsable de la asesoría jurídica reseñó los 3.000 euros que, según los tribunales, tiene que abonar un usuario que menospreció e insultó de manera grave a una doctora a través de una hoja de reclamación presentada en el SAS en la que atentó contra el honor de la profesional. En este caso, Campo destacó la valoración por parte de los juzgados del "daño moral" sufrido por los profesionales, lo que permite que las condenas a los agresores incluyan indemnizaciones para las víctimas.

Las situaciones más habituales que terminan en agresiones están motivadas por demoras a veces excesivas que tienen que soportar los usuarios en salas de espera así como el descontento que manifiestan algunos pacientes cuando no reciben la baja laboral o las prescripciones de medicamentos que solicita al médico.

Para González-Vilardell, la violencia en el ámbito sanitario es una "muestra de la crispación de la sociedad". El presidente del Colegio de Médicos considera que los conflictos en las consultas es un problema, en principio, de Educación de los propios usuarios. Para prevenir estas situaciones, la institución colegial apuesta por medidas disuasorias a los potenciales agresores con un refuerzo de las medidas de seguridad (más vigilantes y cámaras en los puntos asistenciales o los botones antipánico, etcétera). González-Vilardell incide en la "necesidad de mejorar estos sistemas de seguridad en puntos conflictivos de la ciudad y de la provincia, sobre todo durante festividades como son las ferias, cuando el consumo de alcohol y otras drogas suele aumentar de manera considerable".