La Asociación Pro Derechos Humanos del Menor, junto con el abogado José Antonio Bosch, experto en menores, está impulsando y gestionando la creación de un turno específico para peritar a las familias que tienen a sus hijos en situación de desamparo. Su objetivo es tratar de que psicólogos y trabajadores sociales indepencientes elaboren de oficio los informes al margen de la Junta.

En el trasfondo de esta iniciativa está también una crítica al funcionamiento del sistema de protección de menores de la Administración andaluza. "Cuando vamos a la Delegación provincial por un expediente de menores percibimos un trato de enemigo, no de colaborador ni de garante de los derechos del menor", comenta Bosch, que considera que la Junta de Andalucía debería facilitar estadísticas periódicas sobre menores.

La iniciativa para la creación de este turno va ganando adhesiones. Tanto el Colegio de Psicólogos como el de los trabajadores sociales apoyan de forma solidaria este proyecto. El Colegio de Abogados de Sevilla también coincide con estos colectivos. Entre otros, el letrado Gabriel Velamazán destaca la urgencia de apoyar la especialización de letrados en esta materia.

Las disfunciones por parte de la Administración no pasan inadvertidas para el Colegio de Abogados de Sevilla, que recientemente conmemoró el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos prestando especial interés a la protección de la infancia. Entre las principales conclusiones se destacó que en los supuestos de resoluciones administrativas en la materia de protección de menores debe procederse a la designación de letrado de oficio "obligatoriamente" con motivo de dicha declaración.

José Antonio Bosch apuntó que, si no se tiene un abogado designado, los plazos deberían suspenderse hasta contar con asesoramiento, pues las familias disponen actualmente de sólo tres meses para recurrir contra la Junta cuando esta administración les retira la custodia de un menor. "Es un calvario lo que sufren padres y tutores durante el litigio y deberían ir correctamente representados", insiste Bosch.

La coordinadora de Pro Derechos Humanos del Menor, Asunción García Acosta, asegura que muchas familias tienen miedo a que le retiren a sus hijos y justifica así la decisión de algunas familias del asentamiento chabolista del Vacie de no llevar a los niños al colegio. "En 2006 contabilizamos a casi 200 niños de hasta 16 años sin escolarizar en el Vacie; las familias no veían con buenos ojos la escolarización por miedo a que se los quitara la Junta", explica García Acosta.

Esta asociación insiste en que los centros de menores, tanto los terapéuticos como los de reforma y desamparo, tienen que cambiar porque existe "una absoluta desprotección y un secretismo que no se debe permitir, pues los padres tienen que saber siempre dónde están sus hijos".