El PP ha abierto un tercer frente judicial por las presuntas irregularidades en Mercasevilla, que se suma a las investigaciones por el intento de cobro de comisiones ilegales y la presunta adjudicación fraudulenta de los terrenos. El concejal popular y miembro del consejo de administración de Mercasevilla, Beltrán Pérez, presentó ayer una querella en la que denuncia hasta cinco delitos societarios que se habrían cometido supuestamente en relación con la gestión de la Fundación socioasistencial.

La querella, sobre cuya admisión a trámite debe ahora pronunciarse un juez, se dirige en principio contra diez personas, entre ellas los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la directora de proyectos de la Fundación Regla Pereira, que ya están imputados en alguna o las dos causas judiciales que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La querella también incluye al actual director general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, al ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo y al actual primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU). Estos dos últimos han sido incluidos por el PP por su presunta responsabilidad como patronos de la Fundación Mercasevilla.

Los populares enumeran en su querella hasta cinco delitos societarios que podrían haberse cometido en relación con la gestión de Mercasevilla y su Fundación. Así, hablan de un delito societario por la falsedad en las cuentas anuales y administración desleal; apropiación indebida; delito contra la Hacienda Pública; malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. "Estamos en presencia de una gestión administrativa, contable y financiera de la Fundación y de los recursos públicos absolutamente fraudulenta, con un inexistente control y supervisión o connivencia por parte del Patronato, del secretario gerente y de los administradores de hecho", sentencia la querella.

Dicen los populares que Fernando Mellet, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo "conocían" la pésima situación de la Fundación por su condición de patronos y que las cuentas anuales de 2007 presentaban un fondo de maniobra negativo de 300.000 euros y seguían declarando beneficios frente a la realidad de las pérdidas.

La querella denuncia igualmente que los máximos responsables de la Fundación procedieron a "desviar cuantiosas sumas de dinero mediante gastos en actividades ajenas a su finalidad fundacional".

El PP recuerda en el escrito remitido a los juzgados de Sevilla que el anterior director gerente de Mercasevilla, Jordi Maymó, reconoció ante el Consejo de Administración que la contabilidad y las cuentas anuales auditadas en la entidad "son mera ficción", que se contabilizaban de una vez ingresos que iban a recibirse en años sucesivos y que existe una clara "manipulación". Los querellantes señalan que estas manifestaciones fueron "corroboradas" por el vicepresidente del Mercado Central, Antonio Rodrigo Torrijos, quien se refirió a una "ingeniería contable y maquillaje de cuentas" en la sociedad.

El PP recuerda que las cuentas anuales de 2008 recogían que Mercasevilla tuvo 258.024 euros de beneficios, cuando las cuentas reales evidenciaban unas pérdidas de 1.539.713 euros. Para llegar a ese resultado se contabilizó como ingresos la fianza prestada por la inmobiliaria Larena 98 -que tenía un derecho sobre unos terrenos- o no se computó como gasto el premio de jubilación liquidado a nueve empleados por 281.272 euros.

La querella del PP concluye que las "manipulaciones" contables en la sociedad han sido "continuadas para disimular las pérdidas durante varios ejercicios", ya que "el informe anual permite afirmar que durante varios años se han deliberadamente falseado las cuentas anuales de la entidad, en perjuicio de la misma y de terceros".

Otra de las irregularidades que incorporan los populares se refiere a que se ha "disfrazado" un pasivo de nueve millones de euros correspondiente a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), por cuanto la sociedad mantiene registrado una cuenta a cobrar a la Junta de Andalucía por ese importe, al objeto de reflejar "el compromiso que la Junta asumió en relación con los desembolsos previstos en los contratos de seguros" y que ha sido desmentido por la Administración autonómica, al asegurar que nunca se comprometió a abonar esos nueve millones. Para el PP, los ERE de Mercasevilla fueron "fraudulentos" y el papel jugado por la Fundación "fue clave, sirvió para facilitar un trasvase de trabajadores de Mercasevilla y dar apariencia de que los ERE habían surtido algún efecto".