La Fiscalía de Sevilla ha reclamado que el contratista José Pardo García cumpla la condena de tres años y nueve meses de prisión que le fue impuesta por el caso de las facturas falsas destapado en el distrito Macarena.

El Ministerio Público ha presentado un escrito en la Audiencia de Sevilla, en el que se opone a la posibilidad de que se le pueda sustituir alguna de las penas de cárcel por una multa, tal y como había solicitado el abogado defensor, Javier Prados Castaño. La Fiscalía entiende que sustituir la pena de 21 meses de prisión por una multa sencillamente "no cabe" en esta materia y podría incluso considerarse como un "fraude de ley", según explicaron ayer fuentes del Ministerio Fiscal. La tesis de la defensa plantea, además de la sustitución por una multa, la suspensión de la condena por el otro delito de malversación, por el que fue castigado con otros dos años de cárcel, con lo cual José Pardo evitaría su entrada en prisión.

El Ministerio Público, que analiza la normativa que regula estos aspectos, recuerda que la intención del legislador consiste en la sustitución de penas de cárcel "cortas" y, de hecho, la última reforma del artículo 71.2 del Código Penal redujo de seis a tres meses la sustitución automática de las penas de prisión.

De la misma forma, la Fiscalía hispalense señala que el artículo 88 del Código Penal establece la posibilidad de sustituir las penas de prisión por una multa o trabajos en beneficio de la comunidad, "cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen".

En el caso concreto del contratista José Pardo, la Fiscalía entiende que el condenado no ha hecho realmente un esfuerzo para reparar el daño causado por las irregularidades que se cometieron en el distrito Macarena. La Fiscalía recuerda además el "fuerte reproche social" que tienen los hechos por los que el contratista fue condenado junto al ex secretario del distrito, José Marín, quien ingresó voluntariamente en la prisión de Sevilla-I el pasado 7 de abril para cumplir la condena de cuatro años y tres meses que le impuso la Audiencia de Sevilla y que en marzo pasado fue ratificada por el Tribunal Supremo.

La Audiencia de Sevilla deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la petición de sustitución de las penas planteadas por José Pardo, cuyo abogado ya ha anunciado que tiene intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que la condena sea revisada.

Si la Audiencia no accede a sustituir las penas -en el caso del bailaor Farruquito la juez de lo Penal rechazó esta posibilidad con un dictamen similar de la Fiscalía-, el empresario tendría que espera a la decisión que el Constitucional pudiera adoptar sobre la suspensión de la ejecución de su ingreso en la cárcel mientras se estudia y resuelve el recurso de amparo.

El Tribunal Supremo confirmó en marzo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una resolución que rechazó los argumentos de la defensa respecto a la falta de motivación del veredicto que emitió el jurado popular que enjuició el caso y a la supuesta vulneración de la presunción de inocencia de los acusados.

El contratista José Pardo reconoció en su declaración en el juicio que el entonces secretario del distrito, José Marín, le pagó una factura por la demolición de unos módulos de la capilla de San Diego a pesar de que ésta no se llevó a cabo, y justificó el abono de las facturas en los gastos de envío de la maquinaria en dos ocasiones. El Alto Tribunal sentenció que no había ninguna duda de la existencia de verdaderas pruebas de cargo contra ambos acusados.