La Fiscalía de Sevilla solicita una pena de seis años de internamiento en centro cerrado y tres de libertad vigilada al menor conocido como el Cuco por el asesinato y violación de Marta del Castillo, la noche del 24 de enero de 2009. Se trata de la máxima pena contemplada en la ley para los supuestos en que el autor de los hechos sea menor de 16 años -el Cuco tenía 15- en el momento en que se cometió el delito, según indicó la Fiscalía en un comunicado.

El Ministerio Público atribuye al Cuco los mismos delitos que al principal implicado en el crimen de Marta del Castillo, Miguel Carcaño. A ambos jóvenes se les acusa de un delito de asesinato, dos de agresión sexual y uno contra la integridad moral. De hecho, la Fiscalía entiende que "la redacción de hechos que se atribuyen al menor mantiene absoluta correlación con los que han sido objeto de la acusación del fiscal en relación a los adultos", por los que el Ministerio Público solicita a Miguel Carcaño 52 años de cárcel.

Además, la Fiscalía pide al Cuco que indemnice al Ministerio del Interior en 616.319, 27 euros, cantidad en la que se han cifrado los gastos de la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo en el río Guadalquivir, en el vertedero de Montemarta Cónica y en dos zanjas de Camas próximas a la vivienda de la ex novia de Miguel Carcaño. La fiscal jefe, María José Segarra, considera que el Cuco tuvo "una participación directa en la desaparición de Marta".

El padre de la menor asesinada, Antonio del Castillo, consideró "vergonzoso" que la Ley del Menor "sólo" permita condenar al Cuco a un máximo de seis años de internamiento en un centro cerrado, seguidos de tres años de libertad vigilada, pues consideró que este menor de edad "ha matado y violado como un adulto". En declaraciones a Europa Press, Antonio del Castillo incidió en que la Ley del Menor "es vergonzosa".

Por otra parte, la Fiscalía va a pedir que la recusación de la juez encargada de presidir el juicio con jurado se resuelva en la Audiencia de Sevilla y no en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como planteaba el magistrado que instruyó el caso.