La patronal de la construcción de Sevilla (Gaesco) anunció ayer que este mes tendrá listos los estudios jurídicos, económicos y técnicos para denunciar al Ayuntamiento de Sevilla por los 172 millones de euros del Plan General (PGOU) que se ha gastado en proyectos ajenos a los convenios urbanísticos que firmaron los operadores de suelo para construir los sistemas e infraestructuras generales de la ciudad. La mitad de ese dinero se ha desviado a obras como la Encarnación y el carril bici, y el resto al plan de barrios, la Alameda, los nuevos parques, etcétera. El gerente del gremio, Manuel Sillero, recalcó que están dispuestos a seguir adelante con la reclamación judicial porque "defienden los intereses generales de las empresas" por encima de todo. Sillero admitió a este periódico que no está siendo tan simple como pensaban elaborar el informe sólido y con rigor que necesitan para reclamar esas cantidades, y puso como ejemplo la dificultad para definir con claridad si las obras de la Encarnación (Metropol Parasol) donde se han invertido 65 millones del total de fondos corresponden o no a los "sistemas generales" que podían financiarse con el dinero de los convenios.

Los constructores aclaran que antes de poner la denuncia deben tener "suficientes argumentos" jurídicos para efectuar esa reclamación. "Si el informe jurídico dijese que no hay suficientes argumentos para la reclamación judicial, sería poco sensato ponerla", aclaró Sillero. En función de la conclusión de los informes, Gaesco decidirá ante qué instancia denunciará los hechos.

La denuncia del desvío de fondos del PGOU de Sevilla fue anunciada por Gaesco a mediados de julio pasado tras conocer, por una conferencia del delegado de Urbanismo Manuel Rey, que el Ayuntamiento se había gastado en menos de cinco años todos los fondos de los convenios urbanísticos del Plan General, un dinero con que debía crecer la ciudad urbanísticamente en la próxima década. El malestar de la patronal fue monumental mientras el Ayuntamiento defiende que los fondos del PGOU se usaron legalmente para equipar "la ciudad ya construida", no para construir carreteras.