La lentitud del Ayuntamiento de Sevilla en estudiar cuántas licencias del taxi sobran efectivamente en la ciudad -si son las 700 que pide el sector o menos- ha llevado a parte del gremio, al margen de las dos asociaciones mayoritarias, a movilizarse para acelerar la redacción de ese estudio y buscar vías de financiación alternativas acordes con estos tiempos de crisis.

La impaciencia de estos taxistas por reducir los 2.300 taxis que operan en la capital es imperiosa para afrontar la crisis económica y la competencia de los nuevos transportes públicos. Retirar del mercado sevillano 700 licencias implicaría un coste de 41 millones de euros, a razón de más de 58.000 euros para cada uno de los taxistas que se retire.

El malestar por la supresión de licencias que no llega ha partido de la nueva asociación Plataforma Santa Justa (su nombre oficial es plataforma gremial autotaxi de Sevilla), creada hace tres meses y dirigida por Francisco Vélez, que ha convocado al sector (incluidas las tres emisoras) a una asamblea general el próximo miércoles 29, coincidiendo con la huelga general, en la que se oirá la opinión de los taxistas y se trazará un plan económico para que la retirada de licencias sea lo más eficaz y amplia posible. Su idea es que se retiren de una vez 500 y que se mire más a la Junta por ser la administración que debe autorizar el recorte de licencias, según el nuevo reglamento andaluz del taxi que debe entrar en vigor a finales de este año.

Las dos asociaciones mayoritarias (la Unión Sevillana y Solidaridad del Taxi) están invitadas a participar pese a que se les critica que no cuestionen los ritmos del gobierno local ni exijan al Ayuntamiento que cumpla lo que pactó por escrito en enero pasado.

Según Vélez, un primer plan apunta a que los taxistas aporten periódicamente unas cantidades y las administraciones (Ayuntamiento y Junta) hagan lo propio hasta reunir el dinero suficiente. Si por la crisis ese plan fracasa, la plataforma propone recurrir directamente a la publicidad como vía de financiación al igual que funciona en el Metrocentro y en los autobuses.

La plataforma recalca que si la asamblea decide medidas de presión "ni una sola de las acciones afectará a los ciudadanos" porque reconocen que en las tres últimas huelgas se hizo mucho daño al ciudadano -el cliente del servicio- y al final los problemas del sector siguen igual. Las cosas no han cambiado, salvo en el cierre de la bolsa de asalariados (otro de los compromisos municipales).

Han transcurrido nueve meses desde que el Consistorio se comprometió con las dos asociaciones mayoritarias a encargar este estudio con financiación municipal. Fue justo después de las tres huelgas salvajes del taxi que afectaron severamente a la movilidad de la capital, pero a día de hoy el estudio no se ha encargado ni adjudicado su redacción. Según fuentes de Movilidad, el retraso tiene que ver con la tardía aprobación del presupuesto de 2010 del Ayuntamiento. Y debía estar listo a principios del verano, según la plataforma.