Entre abucheos y gritos de "¡alcalde dictador, alcalde dimisión!" más de un centenar de personas se reunieron en la Plaza Nueva para hacer patente su malestar general ante la nueva normativa que restringirá a partir de diciembre el tráfico en el centro y que ayer se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento.

Las asociaciones de vecinos del Casco Histórico -excepto Alameda y Areneros de San Gil- se congregaron junto al presidente de la asociación de los comerciantes del Centro, Enrique Arias, y la portavoz vecinal de Los Bermejales, Concha Rivas, ante las puertas del Consistorio para pedir al alcalde que "se siente y rectifique antes de tomar una decisión que perjudica no sólo a los vecinos y comerciantes del centro sino a todos los ciudadanos".

La presidenta de la entidad Estación de Córdoba, Lola Dávila, leyó en nombre de todos los congregados una nota en la que hacían constar todas las dudas y los inconvenientes de este plan, que, a su juicio, "tiene demasiadas lagunas" y que "convertirá el centro en un auténtico gueto".

En ella, manifestaron que "no se puede empezar la casa por el tejado, no se puede cerrar el centro sin tener una red completa de metro, líneas suficientes de autobuses y aparcamientos gratuitos que garanticen el acceso a los vecinos y comerciantes". ¿Qué pasará si tiene que venir un fontanero a mi casa y tarda más de cuarenta y cinco minutos en arreglar la avería? ¿Y los familiares que nos visiten y no puedan aparcar en nuestra plazas?", lamentaron los vecinos que aseguraron que "si es necesario acudiremos a los tribunales".

"¿Cómo accederán ahora los proveedores? ¿En helicóptero o el alcalde nos dejará el coche oficial?, ironizó José Juan Carballo, comerciante. "El 65% del barrio es peatonal y todavía seguimos sin los aparcamientos necesarios", aseguró María José del Rey, presidenta de la asociación vecinal de Santa Cruz.

Los trabajadores eventuales de Tussam, que también se manifestaron ayer, quisieron prestar su apoyo al conjunto de vecinos y comerciantes. Mientras, en el interior del Pleno, algunos compañeros eran expulsados tras abuchear al alcalde. "Al tener cláusula de exclusividad, la empresa privada no quiere contratarnos", explicó su portavoz, Eladio Gracia, quien invitó a los usuarios a "comprobar por ellos mismos cómo el tiempo de espera en las paradas es y será cada vez mayor".

Las puertas del Ayuntamiento tuvieron que ser cerradas y los agentes impidieron el paso a algunos dirigentes vecinales, que finalmente fueron recibidos por el director de Movilidad, Rubén García, al que hicieron llegar el conjunto de sus peticiones.

El portavoz popular, Juan Ignacio Zoido, salió del Pleno y, entre aplausos y ovaciones de "¡Alcalde, alcalde!", mostró su apoyo contra una medida que calificó de "irracional " y que aseguró "llevaremos a los tribunales".

La aparición del portavoz del PP no gustó a todos, ya que según Lola Dávila y María José del Rey, "éste era un acto de vecinos, no de políticos". Por su parte, el portavoz socialista, Alberto Moriña, acusó a Zoido de "buscar la bronca" y aseguró que "su único modelo de ciudad es destruir lo que construyen los socialistas".