La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía publicó ayer en el Boletín Oficial del Gobierno andaluz (BOJA) una resolución por la que se anuncia el concurso para otorgar en concesión administrativa el Parque Temático Isla Mágica de Sevilla por un máximo de 50 años o un mínimo de 30. La empresas interesadas (en principio serían Parques Reunidos, Mayve y la alianza entre Inverco Iberia -promotor, por ejemplo, del complejo de Airesur en Castilleja de la Cuesta, donde radica Ikea- y la constructora sevillana Martín Casillas) tienen de plazo para presentar ofertas hasta el día 12 de mayo. El adjudicatario se conocerá el día 2 de junio.

La gran cuestión que debía resolver el concurso era fijar el canon anual a pagar por la sociedad adjudicataria del Parque Temático, después de que las empresas potencialmente interesadas en su explotación exigieran una considerable rebaja de esta cantidad en concepto de alquiler a las Administraciones Públicas titulares de los activos sitos en los terrenos de la antigua Expo 92. Este canon anual se actualiza conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y para el año en curso asciende a 985.066 euros, repartido a razón de 197.013 euros para Cartuja-93; 492.533 para la Sociedad Estatal de Gestión de Activos (Agesa) y 295.519 para la Junta de Andalucía. Si a esta cifra se le suman los intereses de los impagados por Isla Mágica, el canon ascendería a 997.345 euros.

El Gobierno andaluz ha fijado una fórmula para el futuro canon basada en tres periodos temporales y en la disponibilidad de tres grandes espacios: el recinto de ocio propiamente dicho (siglas AOT en el BOJA), el denominado Parking de pases (sito en la margen derecha del río Guadalquivir, junto al puente de la Barqueta, que en el nuevo PGOU de Sevilla admite una edificabilidad de hasta 12.000 metros cuadrados como hotel o complejo de oficinas) y el Pabellón de España.

El ganador del concurso tendrá la posibilidad de elegir si mantiene el alquiler del Pabellón de España a Agesa. En caso de que mantenga el statu quo actual deberá abonar a Agesa 100.000 euros en concepto de canon anual (revisable en función del IPC).

En función de esta fórmula, e incluyendo el Pabellón de España en el contrato de explotación (sería lo más probable, ya que en este edificio están las oficinas de Isla Mágica y la atracción de mayor éxito, El capitán Balas, amén de otros espectáculos audiovisuales), durante los primeros cinco años el canon anual ascendería a 330.932 euros. Los años sexto y séptimo, tiempo en que se considera que el adjudicatario podrá empezar ya a explotar el complejo terciario previsto en el Parking de Pases (hotel u oficinas), el canon será de 584.585 euros/año. Desde el octavo año hasta el quincuagésimo, cuando se estima que ya estarán en plena explotación los 55.000 metros cuadrados de incremento de edificabilidad otorgados al Parque en el nuevo PGOU para incrementar su rentabilidad, el canon anual será de 1.340.674 euros.

Estas cantidades están expresadas en euros constantes, sin tener en cuenta las revisiones anuales por IPC. Si se hace una comparación en euros constantes, la empresa gestora del Parque Temático pasaría de pagar un canon anual de 985.066 euros a otro de 1.209.457 euros en el promedio de los 50 años. Así pues, la diferencia sería de un incremento de 224.391 euros anuales (un 22,77 por ciento más) pero a cambio de esta subida el adjudicatario podrá explotar 55.000 metros cudrados más de edificabilidad asignados en el Plan General (para ello se exigirá la aprobación de un Plan Especial) y se librará del mantenimiento de activos que se incluyeron en el primitivo contrato de explotación y que ahora se han devuelto a sus titulares originales, como son el Pabellón del Futuro, la torre panorámica y los Jardines del Guadalquivir.

El concesionario, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de adjudicación provisional del contrato de concesión, deberá abonar a la Junta y a Agesa las cantidades adeudadas por Isla Mágica en razón de cánones anuales atrasados, recibos impagados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) e intereses de demora devengados por estas deudas. A fecha 31 de diciembre de 2007, el importe de los impagos ascendía a 4.806.512 euros, si bien en la liquidación definitiva de la deuda también se incluirá el IBI y los cánones que se devenguen con posterioridad al último día del año 2007, además de los intereses de demora.

El Gobierno andaluz también obliga al ganador del concurso a que en el plazo máximo de dos meses acredite haber abonado a Isla Mágica (cuyos máximos accionistas son Cajasol, con el 70 por ciento de las acciones y Unicaja, con el 12,27 por ciento) el importe de la parte no amortizada de las obras, construcciones, edificaciones e inversiones que ha ejecutado a su costa desde que le fue otorgada la explotación del Parque Temático el 29 de enero de 1997. Aunque en el concurso publicado no se especifica cantidad alguna, extraoficialmente los activos del recinto de ocio habrían sido valorados por las Cajas y resto de accionistas en 37 millones de euros.

Asimismo, el concurso obliga al adjudicatario a comprar a Isla Mágica en el plazo de dos meses, siempre y cuando sea una persona distinta de la propia Isla Mágica, los activos que se encuentren afectos a la actividad del actual Parque Temático, así como la marca actualmente registrada y utilizada por Isla Mágica. El pliego de condiciones contiene decenas de folios sobre los activos para la compraventa y desciende a detalles como tuercas, abrazaderas, lámparas, polvos de talco, fusibles, mangueras,estuches de lápices, muñecos de peluche, uniformes, grifos, estanterías…

El precio de la compraventa será el que acuerden el vendedor y el comprador, pero en el supuesto de que transcurra un mes sin que ambos hayan alcanzando un acuerdo, la Junta obligará a que la cantidad sea fijada por un perito independiente.

El concesionario debe cumplir íntegramente sus obligaciones laborales y de Seguridad Social con relación a los trabajadores del Parque Temático, cuyo listado a fecha de cierre de la temporada de 2007 se incorpora al pliego de condiciones, con especificación de su número por grupo profesional (son 91 en total, 85 en activo y 6 en excedencia), masa salarial (excluidos los costes de la Seguridad Social), la modalidad de contrato que mantienen suscrito, su antigüedad en la empresa, los compromisos de pensiones y beneficios sociales y las cláusulas de blindaje que les afectan.

Adicionalmente, el concesionario tendrá la obligación de no reducir la plantilla ni acordar ninguna modificación sustancial de sus condiciones de trabajo sin el previo consentimiento por escrito de la Junta, excepto cuando se trate de modificaciones que resulten de la aplicación del convenio colectivo aplicable.

A la hora de la adjudicación, la proposición económica estará valorada en 80 puntos y la reducción del plazo de explotación, en 20 puntos. Se otorgará un punto por cada 0,10 por ciento de mejora sobre el canon exigido y otro por cada año de reducción del plazo de la explotación.