LA manifestación celebrada ayer en Sevilla, con notable afluencia, es sólo la acción más llamativa de lo que se inició a finales de julio contra la promulgación del decreto de reordenación del sector público andaluz, que consideran paradigma de "la dictadura del enchufismo". Sergio Hurtado, como centenares de compañeros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, fue transferido laboralmente el 1 de enero de 2009 desde la Administración del Estado a la Junta de Andalucía, vía Agencia Andaluza del Agua, al asumir el Gobierno autonómico la gestión de la cuenca del Guadalquivir. Participa en este movimiento asambleario, articulado con listas de correo electrónico, foros y blogs en internet, para coordinarse con otros funcionarios de las restantes consejerías.

-¿Qué estatus laboral tiene?

-Soy jefe de servicios técnicos, estoy en el Grupo III dentro de la escala laboral.

-¿Cuáles han sido sus principales cometidos en 24 años de experiencia laboral en la cuenca?

-Empecé en el mantenimiento del Canal del Bajo Guadalquivir. Fui preparando oposiciones de ascenso interno para aspirar a más en mi carrera profesional. Estuve dos años en el control de los acuíferos de Doñana. Luego volví al Bajo Guadalquivir. Oposité y entré en el Servicio de Hidrología. He estado muy dedicado al control y aforo de los caudales, y viajando durante años por toda la cuenca, desde Ciudad Real y Granada a las marismas. Ahora mi cometido es principalmente el control de proyectos y ejecución de obras.

-¿Cómo es su horario de trabajo?

-Una jornada normal es de 7:45 a 15:00. Pero también realizamos aforos de los ríos. Cuando crecen mucho y hay riesgo de avenidas, el horario no tiene límite. Lo mismo sucede cuando ejerzo el control y vigilancia de obras. Si van a hormigonar un muro, evidentemente, ni se puede parar la obra, ni puedo irme. Mi horario laboral depende de muchas circunstancias y con desplazamientos largos.

-¿Le compensan las horas extra?

-No, ni se nos ha ofrecido ni lo hemos pedido.

-¿Ha variado mucho en su ámbito el estilo de gestión, al pasar del Gobierno central a la Junta?

-En el departamento donde estoy apenas ha variado porque es muy especializado. El mayor cambio es la cantidad de funciones asignadas a las delegaciones provinciales. Antes se trabajaba como cuenca con visión unitaria, y las provincias no intervenían.

-¿Entiende las pugnas políticas por la gestión del agua?

-Se llega a la paradoja cuando se fuerzan un funcionamiento geomorfológico de la naturaleza para adaptarlo a una división administrativa y política. La gestión del agua debe respetar la unidad de cuenca. Casi el 20% de los caudales de la cuenca están en Badajoz y Ciudad Real, con los ríos Viar, Fresnedas y Montoro. Por eso es normal que protesten incluso ante el Tribunal Constitucional. Porque decisiones andaluzas pueden afectar, por ejemplo, a los regadíos de una comarca pacense.

-¿Cómo se inicia este movimiento de protesta?

-Desde mediados de julio, empezamos a descubrir qué intenciones tenía el Gobierno andaluz para reformar la función pública con el fin de incorporar a todos los empleados de su administración paralela. Empezaron a circular borradores del decreto. Una semana antes del 27 de julio, teníamos la certeza de que se iba a aprobar en el último Consejo de Gobierno antes del parón de agosto, para que entrara en vigor el 1 de enero. Y que esa fecha de julio se elegía adrede para coger despistados y desmovilizados a los funcionarios con las vacaciones.

-¿Cuál es su reacción?

-Al estar trabajando, y avisado de lo que pasaba, con otros compañeros de la Agencia Andaluza del Agua decidimos convocar una asamblea informativa. Llenamos el 2 de agosto el salón de actos. Vimos que en Jaén se había constituido la Plataforma Agua Pública. Nos adherimos a ella y creamos en Sevilla una plataforma provincial. Así empezó todo.

-¿Le sorprende la dimensión que ha alcanzado la protesta?

-Ha superado mis expectativas. Hace tres semanas, hemos constituido la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA). Las reuniones de coordinación para toda Andalucía las hacemos en Antequera, por ser el centro geográfico. Todos los implicados nos pagamos los gastos de nuestro bolsillo. La última asamblea en Antequera ha reunido a 300 personas convertidas en representantes de colectivos. Las principales acciones serán siempre en Sevilla, que es donde está el poder autonómico.

-¿El ciudadano puede creer que esto es sólo un pulso gremialista?

-Hay que dejar muy claro y hacer hincapié en que defender el acceso de los funcionarios en condiciones de igualdad, mérito y capacidad es un instrumento al servicio del ciudadano. El funcionario es un instrumento de defensa del interés general, es independiente respecto a presiones políticas o mercantiles. Cuando los legisladores dieron estabilidad en el empleo al funcionario, lo que estaban haciendo era una defensa del ciudadano.

-¿Le entienden en su entorno vecinal, familiar, de amistades?

-Escucha uno de todo. Tengo familiares que son del partido que está en el Gobierno y defienden el decreto. Aunque hay muchos militantes socialistas y sindicalistas que están en contra y se están manifestando con nosotros. Son bastantes los ex sindicalistas que nos ayudan a la creación de las plataformas. Percibo que la mayoría de los funcionarios movilizados son votantes socialistas, o de izquierda, pero también los hay del PP y de otros partidos de derecha o centro.

-Explique más sus temores.

-Están fundamentados porque el decreto explica cómo la gestión, incluso del patrimonio de los organismos, va a pasar a manos de agencias instrumentales. Y los cambios en potestades, funciones y cargos favorecen que la gestión y el control de la función pública recaiga en manos de quienes no son funcionarios. Personas contratadas por criterios que el ciudadano desconoce. En el clientelismo, el empleado se debe a quien le ha dado el empleo.

-¿Cómo están encajando los políticos la cadena de protestas?

-Reconocen que el acuerdo que han firmado con UGT y CCOO no lo tenían previsto, es una respuesta a las movilizaciones. Se les ve incómodos. La protesta ante Chaves y Monteseirín en la Plaza de España fue un punto de inflexión. Creo que la Junta acabará cambiando el decreto por miedo a perder votos en las elecciones. Porque algunos llevamos en esto desde el 2 de agosto. Pero en muchas consejerías es ahora cuando los funcionarios están empezando a reaccionar y a coger el testigo de la protesta.

-¿Los partidos de la oposición han intentado instrumentalizarles?

-No, nosotros pagamos hasta las camisetas reivindicativas, aquí no hay apoyos ocultos. La única ayuda logística la aportan sindicatos como CSIF o Ustea para tramitar ante la autoridad gubernativa la petición de actos en la vía pública. Y que ellos suman afiliados para reforzar esos actos, para la manifestación en Sevilla han fletado muchos autobuses. En el Parlamento nos hemos reunido tanto con PP como con IU y han sido receptivos a nuestras propuestas. Van a formular una pregunta en el Parlamento Europeo.

-En nuestra tierra, el funcionario es un ser envidiado.

-Quisiera ver a mucha gente que opina así estar viviendo con los salarios de los funcionarios. Las vacas gordas nunca nos llegan. No se recuerda la cantidad de congelaciones salariales que hemos tenido. La gente tiene un concepto equivocado de la función pública. Lo que sí hemos tenido hasta ahora era estabilidad en el empleo, instrumento en defensa de los derechos del ciudadano.

-Pero el funcionario, a la vista está, no es un dique insalvable para burlar la rectitud de los procedimientos reglados.

-Cuando nosotros informamos desfavorablemente sobre algo, siempre se dice salvo superior criterio. Así queda exculpado el funcionario de cualquier responsabilidad, si los políticos que están por encima toman una decisión que no puede ser frenada por el funcionario y que, a la larga, es cuestionada incluso judicialmente por la realidad de los hechos.

-¿El decreto puede encallar por los recursos judiciales?

-Creemos que vulnera la Directiva Marco aprobada para toda la Unión Europea. Y si no prosperan, pondremos los contenciosos administrativos. Porque esto supone una rotura unilateral de las condiciones de trabajo de cada uno.

-¿Cree que el decreto también tiene como fin blindar en la Administración autonómica a muchos socialistas, ante la posible derrota electoral y pérdida del poder?

-Es una denuncia que muchos fundamentan. No olvidemos lo que pasó después del 11-M, cuando desde el aparato del Estado se filtraron datos sobre la investigación de los atentados que ponían en evidencia al Gobierno de entonces.

-¿Cuál es su visión de la política?

-Un partido político nunca debería mantenerse tanto tiempo en el gobierno, para una buena salud democrática es mucho mejor una alternancia siempre que no impida la realización de los proyectos en marcha. El poder desgasta, corrompe, se convierte en un régimen… En Andalucía, si aguantan unos años más, se van a llevar el mismo tiempo que Franco.