El fiscal delegado de Seguridad Vial de Sevilla, Luis Carlos Rodríguez León, no está de acuerdo con la reforma del Código Penal que entrará en vigor el día 23 y que limita las penas que pueden imponerse en los delitos contra la seguridad vial, en los que a partir de ese momento la pena de trabajo en beneficio de la comunidad será una medida alternativa a la prisión o a la multa. "Bajar las penas en los delitos contra la seguridad vial es un error, porque se estaban consiguiendo muy buenos resultados", declaró ayer el fiscal de Seguridad Vial.

Hasta esta reforma penal, conducir a una velocidad excesiva o bajo los efectos del alcohol se castigaba con una pena de cárcel de tres a seis meses, o con una multa de seis a doce meses y además el infractor debía realizar esos trabajos comunitarios.

El fiscal es consciente de que la sociedad reclama mayor vehemencia contra este tipo de delitos, sobre todo cuando se produce una muerte por el atropello de un conductor que circula ebrio, de forma temeraria, o haciéndolo sin los permisos correspondientes. "La contundencia se la tienen que pedir al legislador, que es el que hace las leyes, y si en el Parlamento consideran que hay que levantar el pie del acelerador sobre los delincuentes viales, el fiscal no puede hacer nada salvo aplicar el Código Penal". El fiscal de Seguridad Vial recuerda que ha pedido una condena de nueve años y medio para el conductor que en abril atropelló a dos jóvenes que regresaban de ver cofradías de la Semana Santa. "Así vista, esta petición de condena puede sonar a mucho, pero hay ciudadanos que consideran que sale muy barato matar a una persona", sentenció Luis Carlos Rodríguez León.

En cuanto al hecho de que en los últimos ocho meses hayan muerto tres personas atropelladas en Sevilla por conductores ebrios, el fiscal opina que el problema está en que "muchos jóvenes tienen como única finalidad los fines de semana salir a beber y perder el control. Cuando se hacen mayores y aumentan sus posibilidades económicas, también se incrementan los riesgos, porque el joven que antes bebía siendo peatón ahora dispone de un coche" con el que puede provocar un atropello mortal.

Rodríguez León cree que la única manera de combatir esta delincuencia y de reeducar a los infractores es a través de "las sanciones y un mayor control policial en la calle". El fiscal no comprende como en ciudades como Sevilla no se hacen controles rutinarios de alcoholemia desde hace muchos meses. "Se trata de una responsabilidad del Ayuntamiento, que tiene que poner los medios económicos" para que los policías pueden hacer su labor preventiva. El fiscal apuesta por la reeducación de los conductores que infringen las leyes.