El Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS) denunció ayer el acoso que, según su decano, Ángel Díaz del Río, sufre por parte de la Junta de Andalucía desde hace cinco años.

Según Díaz del Río, la Administración autonómica "ha boicoteado reiteradamente" la inscripción y publicación en el BOJA de la reforma de los estatutos del COAS, realizada para adaptarlos a la nueva Ley de Colegios Profesionales de 2003. El decano aseguró que el objetivo de la Junta era impedir que él continuase como presidente del Colegio, ya que el nuevo reglamento permitió su reelección en 2008. "Querían favorecer a la otra candidatura que se presentó, compuesta básicamente por arquitectos de la Gerencia de Urbanismo que suelen trabajar para la Junta", declaró.

Según el decano, la Consejería de Justicia andaluza "ha intentado boicotear las elecciones democráticas en el Colegio de Arquitectos, negándose a inscribir los estatutos que las regulan, aprobados en diciembre de 2004". A pesar de todos los recursos llevados a cabo por la Junta, ésta fue condenada en febrero de 2010 a inscribir y publicar en el BOJA los estatutos. Sin embargo, "se niegan a acatar la sentencia y han presentado varias demandas formales que sistemáticamente están siendo rechazadas por la Justicia, por lo que el Colegio ha decidido finalmente pedir que se les obligue a cumplir la decisión judicial", explicó Díaz del Río.

"La Consejería ha recurrido en el proceso a argumentos esperpénticos que la sentencia desmonta uno a uno", indicó el decano. Aun así, la Junta ha recurrido al Tribunal Supremo, donde ha presentado un recurso de queja contra el TSJA que se encuentra pendiente, aunque el fallo de éste especifica que no cabe recurso y que la decisión judicial es firme. "Los recursos planteados sólo pueden referirse a aspectos formales que no afectarían al fondo de la cuestión, por lo que la inscripción de los estatutos es ineludible", aseveró Díaz del Río, quien señaló que "el daño que se le está haciendo a la independencia de la institución es inadmisible". Además, reclamó que la Junta dedique sus esfuerzos a otros objetivos, "en lugar de boicotear el libre juego democrático de los profesionales de la arquitectura".