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El sindicato de la Policía Local recurrirá la orden interna para aplicar la ley antitabaco

  • El Cuerpo publica las infracciones recogidas en la ley de 2005 y el Sppme-A considera que deja "indefensos" a los ciudadanos

Nuevo frente de discordia entre la Jefatura de la Policía Local de Sevilla y el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme-A) por la ley antitabaco. El Cuerpo que dirige José Aulet acaba de publicar una orden interna que recuerda a los agentes las infracciones que pueden imponerse por el incumplimiento de la ley que prohíbe fumar en bares, restaurantes y establecimientos públicos, pero el sindicato de la Policía Local ya ha anunciado que recurrirá la circular en la vía administrativa y en la judicial si es preciso porque considera que esta orden causa "indefensión" a los ciudadanos.

La orden interna del Cuerpo de la Policía Local, que fue publicada el pasado 7 de enero, incluye un catálogo de infracciones a la ley antitabaco, pero el encabezamiento de la misma señala que se está aplicando la "ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo". En realidad, la nueva ley que ha extendido aún más los lugares donde está prohibido fumar es la ley 42/2010, de 30 de diciembre, que modifica la anterior ley.

La nueva regulación sólo suprime, en relación con el artículo 19 -que incluye el catálogo de infracciones-, la disposición adicional segunda, que establecía la obligación en los establecimientos públicos de informar a los ciudadanos de si estaba permitido o no fumar dentro del establecimiento, pero mantiene intactas las posibles infracciones. Aquí es donde aparece una de las primeras contradicciones, puesto que el artículo 19.2.A califica como falta leve "fumar en los lugares que exista prohibición total o fuera de las zonas habilitadas al efecto", cuando esta última parte ya no tiene sentido con la nueva ley.

El presidente del Sppme-A, Manuel Bustelo, anunció ayer que recurrirán la orden del Cuerpo porque el sindicato entiende que esta ley "no ha sido desarrollada por la Junta de Andalucía, que es el organismo que tiene que hacer una delegación de competencias en el Ayuntamiento, como se hizo con la ley antibotellón". Bustelo explicó que la orden del Cuerpo "debe cumplirse", pero apuntó que se trata de "una chapuza que vuelve a dejar a los policías locales a los pies de los caballos, porque los agentes desconocen si tienen que hacer un atestado o un informe una vez que se detecta una infracción".

El portavoz sindical añadió que una denuncia debe ir acompañada de determinados elementos como "el importe de la multa, el tipo de recurso que cabe, ante qué organismo se ha de pagar, etcétera", que los policías ignoran, por lo que vaticinó que estas denuncias serán "nulas de pleno derecho" y vuelven a dejar a los ciudadanos en una situación de "indefensión total".

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