Los vecinos de la barriada Begoña, en la Macarena, se movilizan hoy con cacerolada y acampada de protesta por un nuevo desahucio en los tres bloques de alquiler que la empresa Construcciones Ópera quiere vaciar por completo de inquilinos desde hace tres años para una posible venta de los inmuebles. El conflicto comenzó en 2007 con cartas de aviso a los 24 inquilinos donde se decía que debían marcharse a medida que fueran culminando sus contratos y desde entonces se ha cumplido la expulsión de 14 familias. Hoy le toca el turno al inquilino número 15.

El afectado es Carlos Serrano, portavoz de la coordinadora Barrios en Lucha, la entidad que ha defendido en estos años una vivienda digna para estas 24 familias afectadas y la permanencia de estas en los pisos de alquiler. Serrano da por perdida su lucha contra la constructora al considerar que "no hay ningún tipo de esperanza" de revertir su situación. La única buena noticia que le ha dado el 2011 es un empleo temporal -ayer fue su primer día- hasta junio de este año después de pasar 14 largos meses en el paro.

Los bloques afectados se sitúan en las calles Guadalcanal 5 y Valdelarco 8 y 10. La mayoría de las familias pagan alquileres bajos (de 250 a 300 euros) por contratos que en su mayoría son posteriores a la ley de 1985, explica Serrano. Sólo seis casos son contratos de renta antigua cuyas familias siguen viviendo en el bloque y aún no les ha llegado la orden de desahucio. Lo mismo sucede con otras tres familias de renta posterior a 1985. Serrano asegura que la mayor parte de los inquilinos son pensionistas y cuentan con bajos ingresos que no superan los 700 euros mensuales.

El desalojo de Serrano debió producirse en diciembre de 2010, pero se aplazó por un "error judicial". Llevaba residiendo como inquilino en el edificio hace 11 años y 14 viviendo en el barrio.

Los vecinos acusan al Ayuntamiento de "engañarles" porque dos dirigentes de la Gerencia de Urbanismo se comprometieron de palabra a mediar y a comprar 20 de los 24 pisos como viviendas sociales, pero desde diciembre de 2009 han mantenido silencio y se culpan mutuamente de que esta solución no pueda aplicarse.

Gracias a la lucha vecinal, en los últimos tres años sólo dos de las familias expulsadas han conseguido ser realojadas temporalmente en viviendas sociales por parte de la oficina Otainsa. A raíz del próximo desahucio, los vecinos anuncian una nueva campaña de movilización y denuncia.