El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, propone la creación de todo un "distrito judicial" en el entorno urbano del Prado de San Sebastián con una reforma integral del edificio que actualmente alberga la Audiencia Provincial, el derribo del inmueble que acoge los juzgados y el levantamiento de cinco nuevos edificios sobre los suelos de la construcción a demoler y otras cuatro fincas enclavadas en la zona y cuya titularidad ostentan, distintamente, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense. Esta propuesta, así, contempla un total de seis edificios destinados a la administración judicial y conectados todos ellos mediante un sótano bajo el cual habría de ser construido un aparcamiento subterráneo con capacidad para 3.000 vehículos.

En rueda de prensa, Zoido ha desgranado los detalles de su proyecto de "distrito judicial" al objeto de resolver el bloqueo que sufre la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla, cuya construcción en el sector urbano de Los Gordales se encuentra paralizada a cuenta del litigio emprendido por la Dirección General de Patrimonio del Estado contra las estipulaciones que el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recoge para los suelos de su titularidad en esta finca.

Zoido ha lamentado que la ciudad lleve ya "diez años" esperando la creación de esta infraestructura judicial y, a tal efecto, ha anunciado un proyecto "viable y factible" y que podría comenzar su andadura "ya". En concreto, el proyecto planeado por los populares contempla la creación de una red de seis edificios judiciales en el entorno urbano del Prado de San Sebastián, donde actualmente se alzan la Audiencia Provincial y los juzgados. La propuesta, en ese sentido, parte del aprovechamiento del edificio de la Audiencia Provincial mediante una amplia reforma integral y el derribo del inmueble de los juzgados para construir una nueva estructura de mayor altura y dotada de sótanos.

Los nuevos edificios

El tercer edificio de este "distrito judicial" sería edificado entre la calle José María Osborne y la avenida de Carlos V, en el lateral expedito de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián que actualmente utiliza Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) para sus vehículos. El cuarto edificio se alzaría en los suelos del antiguo Equipo Quirúrgico junto a la confluencia de las avenidas de Cádiz y de Málaga, donde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha proyectado la construcción de un Centro de Alta Resolución de Especialidades. En concreto, la propuesta del PP contempla la integración del Instituto de Medicina Legal y de una clínica médico forense en estas nuevas instalaciones.

Los dos edificios restantes habrían de ser levantados en sendas fincas desocupadas entre la estación de autobuses del Prado de San Sebastián y el edificio de la antigua estación ferroviaria de Cádiz. Toda esta red de edificios, según Zoido, estaría conectada a través de un sótano "común" bajo el cual sería instalado un estacionamiento subterráneo con capacidad para aproximadamente 3.000 vehículos. Sería en este sótano, de hecho, donde serían habilitados los calabozos de este "distrito judicial", dado que la intención del candidato popular es "separar" a los detenidos de los funcionarios y los usuarios para evitar la actual confluencia de todos los agentes del sistema judicial en los mismos espacios.

Más de 100.000 metros cuadrados de edificabilidad

Todo el conjunto de edificios, según Zoido, gozaría de una edificabilidad superior a 100.000 metros cuadrados sin necesidad de promover una reforma en el PGOU de 2006. En ese sentido, ha defendido que dado que todos los espacios involucrados en la iniciativa son propiedad de la Junta de Andalucía o del propio Ayuntamiento hispalense, "podríamos empezar ya" a materializar el proyecto. "Es una solución redonda y factible", ha señalado el candidato popular a la Alcaldía de Sevilla.

En cuanto a la financiación de las obras, Zoido ha abogado por la creación un "consorcio" similar al utilizado para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Barcelona, pues su idea es que los trabajos vayan de la mano de la iniciativa "público-privada". A tal efecto, los constructores gozarían de una concesión administrativa mediante la que el capital destinado a la construcción del complejo sería resarcido mediante las rentas derivadas de la ocupación de los nuevos espacios y el aprovechamiento de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián y de parte de la antigua estación de Cádiz para usos terciarios. Y es que el propio Zoido ha recordado que el PGOU ya contempla la creación de una nueva estación de autobuses en el entorno de la estación ferroviaria de Santa Justa al objeto de liberar el edificio del Prado de San Sebastián, que goza de protección.