Un total de cuatro prejubilaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla figuran entre los 33 nuevos casos elevados por la Consejería de Empleo al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, fruto de la investigación interna impulsada por el departamento de Manuel Recio acerca de posibles fraudes o irregularidades en las prejubilaciones consumadas mediante los incentivos librados por el que fuera director General de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero para la reestructuración de empresas en crisis.

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, como es sabido, investiga una supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en numerosos expediente de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas e incentivados a través de los 647.869.157,45 euros librados por la Junta de Andalucía para respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula cuestionada por la Policía Judicial y que formaría parte de las diligencias.

Los fondos y los ERE

Estos procedimientos gozaban de financiación pública a través de las partidas libradas para este tipo de crisis empresariales por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) gracias a un acuerdo rubricado a tal efecto con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía. La Policía Judicial, en el marco de las diligencias incoadas a tal efecto por el Juzgado de Instrucción número seis, cree ilegal este fórmula ideada por Francisco Javier Guerrero al eludir supuestamente las ayudas la Ley andaluza de Hacienda Pública y los preceptivos controles fiscales, toda vez que el PSOE esgrime la Ley 38/2003 General de Subvenciones para defender esta fórmula y la intención de agilizar el libramiento de las ayudas.

Este aspecto de las diligencias se enmarca en la presunta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta a cuenta de la investigación promovida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos hispalense; Mercasevilla. La investigación suma al menos 12 detenciones y la Consejería de Empleo ha reconocido ya al menos 70 posibles prejubilaciones ilegales, fruto de las incidencias descubiertas en expedientes de regulación de empleo de empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, SOS Cuétara, Cash Lepe, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.

Cuatro casos de Mercasevilla

Sobre los últimos 33 casos elevados por la Consejería de Empleo a la citada instancia judicial a cuenta de la inspección interna de las prejubilaciones incentivadas merced a estos 647.869.157,45 euros, fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que figuran en esta partida cuatro prejubilaciones comprendidas en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla. Este procedimiento, como se recordará, fue autorizado por el Gobierno andaluz, si bien la Consejería de Empleo finalmente no ha financiado sus prejubilaciones pese a los documentos firmados a tal efecto por Francisco Javier Guerrero.

El propio ERE de 2007 de la sociedad mixta Mercasevilla figura entre las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya en cuanto al posible delito societario perpetrado en la gestión de esta sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense. Y es que la juez ya había censurado en un auto la prejubilación de dos trabajadores de la Fundación Socioasistencial del mercado central de abastos en este expediente de regulación de empleo en el que, en total, fueron prejubilados cuatro empleados de la Fundación.

Los trabajadores  de la Fundación Socioasistencial prejubilados en el ERE de 2007 son, según ha recordado a Europa Press el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO); Fernando R., José Luis T., Antonia H. y Eduardo C., si bien Domínguez había defendido estas prejubilaciones porque tal posibilidad figura "en el acuerdo" del procedimiento.