Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid han criticado que el PP haya "vetado" la presencia en la comisión de investigación del caso Madrid Arena de funcionarios y técnicos municipales, de políticos ajenos al ayuntamiento y de la propia alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Tampoco ha permitido, han asegurado los portavoces de PSOE, UPyD e IU, que acuda la delegada de Hacienda del Ayuntamiento, Concepción Dancausa.

Las únicas excepciones serían las del jefe de la Policía Local y el funcionario Carlos Viñals, hijo de Simón Viñals, ex concejal del PP en el Ayuntamiento y responsable de una de las empresas implicadas. Por ahora, y además de los citados, se ha decidido que acudan "varios delegados" municipales, responsables de la empresa pública Madrid, Espacios y Congresos y además directores generales, según el PP. Acudirán a petición propia el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, y la delegada madrileña de Urbanismo, Paz González. Los grupos de la oposición han anunciado que remitirán una carta al presidente de la misma, Pedro Corral, para que fije la relación definitiva de comparecientes, que no tienen tras la reunión de la junta de portavoces, y no descartan medidas ante la intención del PP de "censurar" la comisión.

El PP, por su parte, ha defendido que Botella no acuda a la comisión por entender que no ha tomado "decisiones directas" en relación con los sucesos acaecidos el 1 de noviembre en el Madrid Arena y ha asegurado que "había dejado absolutamente abierto el camino a posibles comparecencias de funcionarios". Estas siempre serían, según el portavoz del PP en la comisión, Enrique Núñez, después de los políticos, ya que estos deben comparecer en primer lugar porque son "los que tomaron decisiones sobre lo ocurrido".

La Fiscalía pedirá imputar a otras siete personas

La Fiscalía pedirá la imputación de otras siete personas en la investigación de los sucesos del Madrid Arena, entre ellas el gerente de Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo, empresa municipal de la que depende el recinto. Rodrigo es uno de los cargos destituidos esta semana por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, "por pérdida de confianza" al haberle ocultado el contrato que Madrid Espacios y Congresos había firmado con Diviertt, organizadora de la fiesta de Halloween, que le daba unas condiciones preferentes a la hora de utilizar el pabellón Madrid Arena.

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, se ha reunido con la fiscal encargada del caso y con el fiscal provincial, Eduardo Esteban, entre otros representantes de la Fiscalía, para abordar esta causa y decidir sobre más imputaciones. Al finalizar la reunión, Moix ha informado de que la Fiscalía pedirá la imputación del gerente de Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo, y del administrador de Diviertt, José María Flores -hermano de Miguel Ángel Flores- por ser las personas que firmaron el contrato entre Diviertt y Madrid Espacios y Congresos. También pedirá la imputación de dos responsables de seguridad de Madrid Espacios y Congresos -Rafael Pastor y Francisco del Amo- y de tres responsables de seguridad de Seguriber, la empresa contratada por Madrid Espacios y Congresos para la seguridad del recinto.

A preguntas de los periodistas sobre si se imputará a algún cargo político más del Ayuntamiento de Madrid o al jefe de la Policía Municipal de Madrid, el fiscal superior ha dicho que por el momento no hará petición en este sentido. "Se valora la situación actual de la investigación y esas diligencias darán un resultado que valoraremos y a partir de ese resultado decidiremos si tomamos declaración a otras personas como imputados o como testigos", ha dicho el fiscal jefe. Ante la insistencia de los periodistas, Moix ha añadido que a la Fiscalía le parece "prematuro" ampliar las declaraciones a otras personas, ya que "no es el momento procesal, puesto que con el estado actual de las investigaciones no existe ninguna relación que permita suponer una participación directa de esas personas en los hechos que se produjeron".

El fiscal ha precisado que la investigación se centra ahora en lo que ocurrió en el interior del Madrid Arena, y no en lo que pasó en el exterior, donde se concentraron para realizar un botellón cientos de jóvenes que en un momento dado accedieron a la vez al pabellón, según se recoge en el informe policial. "A nosotros la avalancha que nos interesa por ahora es la que se produce en el pasillo", ya que "en el exterior (del recinto) no se produce nada delictivo, por ahora", ha sostenido, y ha puntualizado que "a lo mejor lo que pasa dentro no tiene que ver con lo que pasa fuera, y a lo mejor la avalancha se produce después de las muertes". Moix ha dicho que lo que está claro es que la avalancha se produjo cuando muchos jóvenes salían de la pista central, y no cuando entraban a ella.

La Fiscalía ha pedido documentación tanto a Seguriber como a Kontrol 34, la empresa que supuestamente controlaba los accesos y el interior del recinto, sendos listados de las personas que trabajaron esa noche y cuál era su cometido concreto. También ha solicitado documentación sobre los contratos firmados entre Kontrol 34 y Seguriber y entre ésta y Madrid Espacios y Congresos. A la Policía le ha solicitado que visione las imágenes grabadas por las 90 cámaras de seguridad del recinto y acote las imágenes en las que se vean las salidas de la pista central, para determinar si había alguna cerrada, y cómo se produce la avalancha. La Fiscalía investiga asimismo si hubo reventa de entradas por parte de la organización.