La directora de Tráfico, María Seguí, evitó pronunciarse ayer sobre la anulación del indulto concedido al conductor kamikaze condenado por causar la muerte de un joven de 25 años, aunque reiteró la "voluntad" del organismo que dirige de ofrecer su "punto de vista" en el futuro en los informes previos a un caso como éste. "En su momento ya expresamos que desde la DGT nos gustaría poder participar de los informes de ese tipo de situaciones cuando se han de producir, eso ya se dijo, y reitero ahora esa voluntad de participar para poder ofrecer el punto de vista de la DGT", indicó al ser preguntada por los periodistas tras participar en la presentación de un informe del RACC sobre las nuevas tecnologías en la conducción. En cualquier caso, Seguí evitó "entrar en este caso en concreto" y se limitó a señalar que la DGT no tiene la competencia de interpretar la ley, y debe "respetar y acatar las sentencias de los distintos tribunales". "Sólo decir que seguiremos trabajando para que la ley sea lo más universal, justa, equitativa y eficiente posible para que la sociedad se beneficie de ella", indicó. Asimismo, aseguró que el organismo también trabajará "incansablemente para formar y educar a jueces y fiscales en el porqué de esa ley para que la puedan aplicar con criterio".

Preguntada por si apoya la propuesta de las asociaciones para que no se puedan conceder indultos a personas que hayan provocado un accidente con víctimas mortales o muy graves, contestó que "esa reforma no dependería de la DGT" y que si se llega a proponer estará "encantada de contribuir a ese debate". Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo esperará a conocer el contenido de la sentencia del Supremo que anula el indulto para tomar una decisión.

Como señaló la vicepresidenta, la sentencia no ha sido notificada al Gobierno ni al Ministerio de Justicia, pero cuando lo sea el Ejecutivo analizará su contenido "a fin de tomar una decisión con conocimiento de causa". En concreto, estudiará cuál ha sido el elemento reglado que el Tribunal Supremo considera que debe abordarse para darle una solución al indulto. Por otro lado, pese a que sólo el 2% de los conductores reconocen emplear detectores de radar, un 51,7% no está de acuerdo con que estos dispositivos que rastrean la carretera y captan las ondas de los radares de velocidad se prohíban, como figura en el proyecto de reforma de la Ley de Tráfico.

Éstas son algunas de las conclusiones de un estudio del RACC sobre la opinión que tienen los automovilistas sobre las nuevas tecnologías de ayuda a la conducción, con especial atención a los límites de velocidad. Así, el 27,9% de los conductores admiten que usan avisadores de radar, elementos legales que están incluidos en navegadores o teléfonos inteligentes y que avisan de la ubicación de un radar fijo, y un 2% reconoce que dispone de detectores de radares, también permitidos de momento.