Las dos ramas del legislativo de la UE, el Parlamento y el Consejo, se han puesto este jueves de acuerdo en que las autoridades podrán cortar el acceso de un usuario a internet sin necesidad de una orden judicial expresa, aunque tras un "procedimiento justo e imparcial".

El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado esta madrugada a un principio de acuerdo sobre el nuevo marco legislativo para el sector de las comunicaciones, después de una intensa negociación en la que han cerrado el último punto del paquete, relativo al acceso de los usuarios a internet.

Según fuentes parlamentarias, finalmente las dos delegaciones se han puesto de acuerdo en que "el acceso a internet de un usuario puede ser restringido, si resulta necesario y proporcionado, sólo después de un procedimiento justo e imparcial que respete el derecho del usuario a ser escuchado".

Tras consultar a los servicios jurídicos del Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea, se llegó a la determinación de que incluir la expresión "orden judicial" podría requerir una armonización de los sistemas judiciales de los estados miembros, algo que escapa a las competencias de la UE en este campo.

"Eran dificultades jurídicas insalvables", indicó en una rueda de prensa el vicepresidente del Parlamento Alejo Vidal-Quadras (PPE) y líder de la delegación parlamentaria en la negociación, quien señaló además que el Tribunal de Justicia de la UE podría haber rechazado todo el texto si se hubiera incluido la enmienda sobre el acceso a internet tal y como la proponía el Parlamento en un principio. Finalmente, se ha decidido por unanimidad que sólo se impondrán restricciones a un usuario de internet si son "apropiadas, proporcionadas y necesarias dentro de una sociedad democrática".

Esas medidas podrán tomarse únicamente "con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a la privacidad", y como resultado de "un proceso previo justo e imparcial", que garantice "el derecho a ser escuchado (...) y el derecho a una efectiva y oportuna revisión judicial", concluye el texto de compromiso. "En casos de urgencia debidamente comprobados", añade, se podrán estipular "condiciones apropiadas y disposiciones de procedimiento" en conformidad con la Convención de la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales".

Para Vidal-Quadras, que calificó el acuerdo como "verdadero éxito", "hemos salvado el espíritu y las consecuencias efectivas" de la antigua enmienda 138, que fue introducida por los eurodiputados y que pedía una orden judicial para cortar el acceso a internet, algo que el Consejo no estaba dispuesto a aceptar. En su opinión, la nueva redacción del texto, que es sólo una parte de un amplio marco legislativo para el sector de las telecomunicaciones, "mejora incluso la protección del ciudadano como usuario de la Red".

Para una de las ponentes parlamentarias, la socialista francesa Catherine Trautmann, tanto el Consejo como los eurodiputados han tenido que ceder para llegar a un consenso sobre un asunto, el de "lo que los países y los operadores pueden hacer o no" que "nunca se habría discutido" si no fuera por el Parlamento.

El pleno de la Eurocámara deberá pronunciarse sobre el texto en tercera lectura en la semana del 23 de noviembre, al igual que los ministros europeos, con idea de que el nuevo reglamento pueda entrar en vigor a comienzos de 2010.