El Ayuntamiento de Sevilla no podrá cumplir la promesa que le hizo a los ciudadanos, entre ellos a la asociación de ciclistas A Contramano, referente a que el centro se cerraría al tráfico de vehículos privados este verano, en virtud de la ordenanza de peatones y ciclistas, aprobada en 2007. Ha decidido retrasar un año la aplicación de este compromiso.

El incumplimiento municipal se debe a las condiciones que el servicio de Tráfico y Transportes de la concejalía de Movilidad, dirigida por el socialista Francisco Fernández, ha fijado en el pliego del contrato de las cámaras de vigilancia que controlarán el acceso de los vehículos al centro histórico de Sevilla. El contrato salió a concurso el 30 de diciembre con una curiosa particularidad: la empresa adjudicataria dispone de un plazo de 12 meses para entregar lo que el Ayuntamiento denomina "medios mecánicos de visión artificial", según consta en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado que avanzó Europa Press.

Con tales requisitos, el Ayuntamiento deja claro que no tiene prisa alguna por instalar las 20 cámaras previstas en cada una de las entradas al centro, una vez que proceda a abrir las ofertas presentadas el próximo 3 de febrero en la mesa única de contratación municipal. Eso significa que la medida puede dilatarse hasta finales de 2009 o, incluso, hasta principios de 2010.

El verano pasado, el concejal aclaró que la restricción de tráfico privado en el centro se aplicará de una vez, nunca de forma parcial, cuando todas las cámaras estén instaladas y cuando todos los residentes del casco antiguo en posesión de un vehículo dispongan de la acreditación especial que permite circular por el centro.

El año de espera que se requiere como máximo a partir de febrero coincide con el cálculo de los expertos en este tipo de cámaras urbanas. Un técnico de la empresa Sice, firma que colaboró en la redacción del proyecto, explicó a un grupo de periodistas -tras asistir el pasado abril a unas jornadas de tráfico urbano- que "como máximo" se requiere "un año" para instalar las 20 cámaras una vez que se adjudica el concurso.

A la vista de las condiciones del contrato de las cámaras, la propia asociación A Contramano critica que se retrase aún más la aplicación de la ordenanza y tampoco entiende por qué el concejal de Movilidad le anunció una fecha en noviembre pasado que ahora vuelve a cambiarla.

El contrato de suministro e instalación de los equipos necesarios para el seguimiento y control del acceso de vehículos al casco histórico salió a licitación con un presupuesto base de un millón de euros (1.099.989 euros).

En la reunión que Fernández celebró con la asociación ciclista dijo que "antes del verano estarían instaladas todas las cámaras de vigilancia que permitirán, apercibir, primero, y multar después a los conductores que circulen por el casco histórico sin ser residentes ni estar autorizado", una afirmación refrendada minutos después por Movilidad, que insistió en que la restricción del tráfico llegaría "un poco antes del verano".

El retraso, sin embargo, puede venir bien a los comerciantes y empresarios sevillanos, contrarios desde el principio a que el gobierno local restrinja el paso de coches particulares al interior del centro, sobre todo ante las pérdidas que ya afrontan por la crisis económica. El sector comercial, que se ha opuesto históricamente a la peatonalizaciones, argumenta que el centro no puede cerrarse mientras no haya un transporte público alternativo más eficaz que los autobuses y más aparcamientos en la periferia sin quitar los de rotación.