Sevilla

Monteseirín dilata hasta diciembre las multas a los infractores del Plan Centro

  • La Policía se limitará a remitir escritos de amonestación en los dos primeros meses de vigencia de la nueva normativa · El periodo de sanciones comenzará el mismo día que el dispositivo de Navidad

Doble demora en la aplicación del Plan Centro. La Policía Local no impondrá sanciones a los infractores hasta que entre en vigor el plan especial de tráfico de Navidad, que ningún año tiene fecha fija, aunque suele ponerse en marcha con motivo del puente festivo de la Inmaculada. El Pleno aprobó ayer con los votos de PSOE e IU estas nuevas y polémicas disposiciones en materia de tráfico en la denominada zona monumental. La primera demora consiste en que estas medidas entrarán en vigor quince días después de su aplicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para lo cual tampoco existe un fecha definida, y la segunda en la de dilatar las multas de 70 euros a los conductores infractores.

El propio alcalde se encargó ayer de anunciar que no habrá multas hasta diciembre. Lo hizo en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Salón Santo Tomás de la planta alta del Ayuntamiento, al mismo tiempo que en el Salón Colón se celebraba el Pleno del mes. Monteseirín asegura que con esta nueva dilación atiende las peticiones elevadas por colectivos ciudadanos, de tal forma que los infractores sólo recibirán una carta de amonestación.

Monteseirín justificó esta medida en aplicar el plan con "sentido común"y apostar por "una forma de implantación más flexible", sabedor de que todas las medidas relacionadas con la regulación del tráfico van ligadas a la polémica: "Hay un compromiso de participar activamente para la puesta en marcha del plan por un centro más habitable". La entrada en vigor del Plan Centro supondrá la creación de una comisión de seguimiento y la continuación de la campaña informativa inaugurada esta semana.

El líder de la oposición, Juan Ignacio Zoido, recalcó que derogará el plan si logra formar gobierno tras las elecciones de mayo de 2011. El PP cargó contra el plan en el debate plenario, tal como era de esperar. El concejal Maximiliano Vílchez se refirió a las dificultades de acceso que estas nuevas medidas supondrán para los 58.000 habitantes del casco histórico, de los que aseguró que el 20%, cerca de 11.600, son mayores de 65 años: "Si les ponemos dificultades para que sus amigos y parientes los visiten no les estamos prestando ninguna ayuda". Rechazó que en ciudades gobernadas por el PP se lleve a cabo esta medida, tal como había expuesto días antes el propio alcalde. Defendió que en calles del centro como Águilas o el entorno de la Alameda "no se soporta tanto tráfico como en otras como Manuel Siurot o la barriada de Bami" y auguró que el plan "provocará que en el centro se dé un colapso en el comercio y las pequeñas empresas". Según la oposición, entre 2009 y 2010 han desaparecido del centro más de 82 empresas, lo que supone, como mínimo, la destrucción de 1.006 empleos. Por último, el mismo edil del PP aludió a la "importante inseguridad jurídica" de la iniciativa, la "discriminación" y el "claro afán recaudatorio", ya que "las acreditaciones se condicionan al hecho de que estén al corriente en el pago de impuestos". El concejal de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE), acusó a la oposición de negar la autonomía local para regular el tráfico: "La competencia de la ordenación de la movilidad corresponde al Pleno del Ayuntamiento". Instó al PP a recurrir el plan ante el Tribunal Constitucional y repitió en varias ocasiones que el centro "no se cierra a nadie".

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